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martes 27 febrero, 2024

J.J. Rendón, exasesor de campaña de Peña, acepta que financió el ataque armado en Venezuela

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En su entrevista con la CNN en español, J.J. Rendón explicó que hasta el momento sólo se han mostrado siete de las ocho páginas del acuerdo firmado, que tenía “42 páginas de anexo”. El venezolano asesoró campañas de políticos mexicanos, entre ellos, Enrique Peña Nieto.

Caracas, 7 may (EFE).- El estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, admitió este miércoles haber firmado un contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp, Jordan Goudreau, al que pagó 50 mil dólares, para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del Gobierno.

“Era una exploración para ver la posibilidad de capturar y entregar a la justicia a miembros del régimen (de Nicolás Maduro) con indictments (acusaciones), orden de captura, etcétera”, reconoció Rendón en una entrevista con la CNN en español en la que sostuvo que Guaidó no firmó el acuerdo y que Goudreau finalmente no recibió “luz verde” para la operación.

J.J. Rendón, como es conocido, aseguró que se trataba “de un acuerdo preliminar que no llego a hacerse efectivo”.

UNA VERSIÓN ACORDE CON LA DE LOS DETENIDOS

Entre el domingo y el lunes, las autoridades venezolanas interceptaron dos intentos de intervención marítima en los estados de Aragua y La Guaira, cercanos a Caracas, en los que murieron ocho personas y fueron detenidas otras 18.

Entre los arrestados se encuentran dos ciudadanos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, ambos exmilitares y que contaban con una identificación de Silvercorp, según las pruebas difundidas por el Gobierno venezolano.

Denman aseguró que tenía órdenes de tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas, para enviar a Maduro a EU, donde es buscado por varios delitos relacionados con el narcotráfico.

En un interrogatorio cuyo video fue difundido por el Presidente venezolano, Denman explicó que su parte del plan, calificado por el Gobierno venezolano como una invasión frustrada, consistía en establecer una “propia seguridad”, comunicarse con las torres del aeropuerto que sirve a Caracas y “hacer entrar los aviones”.

“Uno (de esos aviones) era para tomar a Maduro y llevarlo hasta Estados Unidos”, añadió.

EL ACUERDO ERA AMPLIO PERO PRECISO

En su entrevista con la CNN en español, J.J. Rendón explicó que hasta el momento solo se han mostrado siete de las ocho páginas del acuerdo firmado, que tenía “42 páginas de anexo”.

En ellas se explicaba “el propósito exploratorio de ese acuerdo que no llegó a ser ejecutado, perfeccionado. Entiéndase, no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo”, abundó el estratega, que ha desarrollado buena parte de su carrera política en Colombia.

Según su versión, tenían “el encargo de analizar todos los escenarios posibles para el cese de la usurpación” que consideran que Maduro hace de la Presidencia venezolana.

Por eso, abordaron el tema con Goudreau pero no “era una cosa pública, no era para estar hablando en medios, se mantiene con discreción”.

Es en ese contexto en el que se produjeron “muchas reuniones que se hicieron en esa época para determinar la factibilidad en todos los aspectos: jurídico, militar, económico, financiero, internacional, diplomático, de una eventual acción de captura de personas con indictments”, apostilló J.J. Rendón.

RESPUESTA AL NO CONTROLAR UNA FUERZA POLICIAL

“El Gobierno legítimo del Presidente Guaidó no controla una fuerza policial en el país, con lo cual se analizaron todos los escenarios, alianzas con otros países, acciones propias, de gente de adentro que desconozca (a Maduro) y se pliegue a la Constitución, el uso de eventuales actores que estaban afuera (o) de militares retirados”, comentó.

Y subrayó: “Como bien dijo el Presidente (Guaidó) estamos analizando cosas por encima de la mesa y por debajo de la mesa”.

Sin embargo, aseguró que, pese a la firma del contrato y el pago, posteriormente le notificaron a Goudreau que “se cancelaba” el contrato pero entiende que el contratista asumió “que estaba vigente” y trata de ampararse “en esta operación suicida”.

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