Una Investigación que No Esperó a la Denuncia
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ha tomado cartas en el asunto de forma inmediata. Raquel Buenrostro, al frente de la dependencia, confirmó que ya se inició una investigación de oficio por la presunta filtración de datos personales de usuarios de Telcel. Este movimiento surge en el contexto sensible del nuevo registro obligatorio de líneas móviles, vigente en todo el país desde el 9 de enero.
“Efectivamente nosotros hacemos investigación al respecto”, afirmó Buenrostro con contundencia. “Somos los responsables, iniciamos procedimientos de oficio, hacemos las investigaciones correspondientes. Ya hay investigaciones abiertas en todos los casos”.
Al ser interrogada específicamente sobre el caso de la mayor telefónica del país, la secretaria fue clara: “Incluido el de Telcel. O sea, nosotros estamos obligados a abrir, todas las que nos demos cuenta, por oficio lo estamos haciendo”.
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Un Cambio de Era: De los “Cajones” a la Acción
Durante la presentación del programa “Semilleros de la Honestidad”, Buenrostro lanzó una crítica directa al extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Según su relato, la anterior autoridad optaba por la inacción: no impulsaba investigaciones por iniciativa propia y, en su lugar, archivaba los expedientes para que los plazos legales expiraran.
“Es importante destacar que todo el tiempo que estuvo el INAI no hacía esto”, acusó. “No hizo denuncias, no abrió investigaciones de oficio. Siempre obedeció a una denuncia previa”.
La funcionaria reveló una acción contundente: ya se presentaron denuncias formales contra quienes resulten responsables de ese archivamiento sistemático que, en su visión, buscaba que los casos prescribieran.
Responsabilidades que Podrían Llegar a lo Más Alto
Ante la insistencia sobre si las responsabilidades podrían alcanzar a excomisionados del INAI, Buenrostro no se anduvo con rodeos. “Contra quien resulte responsable”, declaró. “Con quien haya guardado el expediente en el cajón, entonces es el responsable de que haya prescrito”.
Subrayó que este deslinde de responsabilidades se enfoca particularmente en los servidores públicos de la antigua institución, señalando que la protección de datos personales fue el área más desatendida. “Todo se iba a un cajón”, sentenció, pintando un cuadro de negligencia institucionalizada.
Este episodio marca un punto de inflexión en la política de protección de datos en México, prometiendo una era de mayor proactividad en un momento donde la privacidad digital es más vulnerable que nunca.
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