Tu vida digital bajo la lupa fiscal
Si formas parte de la generación que consume streaming, compra en plataformas digitales o utiliza aplicaciones de movilidad y citas, esta información cambiará tu perspectiva sobre la privacidad en línea. A partir de abril de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá acceso permanente y en tiempo real a tus transacciones digitales.
El nuevo panorama regulatorio
La Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Código Fiscal que transformarán radicalmente la supervisión de actividades digitales. La reforma al artículo 30-B establece que plataformas como Netflix, Amazon, Mercado Libre, Uber y aplicaciones de citas deberán permitir a las autoridades fiscales acceder directamente a sus sistemas.
El objetivo declarado es mejorar la eficiencia recaudatoria y garantizar mayor equidad en el cobro de impuestos. Sin embargo, esta medida ha generado un intenso debate sobre los límites entre la fiscalización y la privacidad.
Consecuencias del incumplimiento
Las empresas que se resistan a esta disposición enfrentarán bloqueos temporales de sus servicios, afectando directamente a millones de usuarios. El SAT será el encargado de establecer las especificaciones técnicas que deberán cumplir los sistemas de las plataformas digitales.
Voces críticas: ¿Protección fiscal o vigilancia masiva?
El creador de contenido tecnológico Francisco Chávez, conocido como Paco Web, advierte que esta medida representa un punto de inflexión. “Ya no vamos a poder hacer nada tranquilamente”, señaló en un análisis del tema. “No sabrás si por comprar un Lego en Amazon, pedir un café por Uber o ver repetidamente una película, estarás bajo escrutinio”.
Organizaciones especializadas han elevado su voz de alerta. La Red en Defensa de los Derechos Digitales califica la medida como “incompatible con el derecho a la privacidad” y la considera desproporcionada por permitir una invasión “total, permanente y en tiempo real” sin control judicial.
La industria digital se pronuncia
Quince asociaciones del sector, incluyendo la Latinoamericana de Internet y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, han emitido un comunicado conjunto calificando la iniciativa como “innecesaria, desproporcionada e inconstitucional”.
Argumentan que el mecanismo de bloqueo administrativo equivale a un instrumento de censura que afectaría la libertad de expresión y la confianza en la economía digital.
Próximos pasos
La reforma debe ser analizada y aprobada por el Senado en los próximos días, aunque no se esperan cambios significativos. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre transparencia fiscal y derechos digitales continúa intensificándose.
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