El Instituto Nacional Electoral acreditó que la organización ‘Que Siga la Democracia’ y la ex candidata de Morena, Gabriela Jiménez orquestaron un fraude, con una estrategia sistemática para engañar a la autoridad y entregar las firmas de casi 15 mil personas muertas en apoyo a la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ordenaron una multa de medio millón de pesos y dieron vista a la Fiscalía General de la República para que investigue los delitos.
El Consejo General explicó que por la actitud orquestada, grave y dolosa, la multa debía corresponder a 5.3 millones de pesos, pero debido a que la organización apenas recibió financiamiento por 800 mil pesos en el último año, le sería imposible solventarla y por eso, se ajustó a 500 mil pesos.
El consejero Ciro Murayama lo calificó como “la crónica de un fraude anunciado”, pues recordó que desde el inicio de captación de firmas, Morena impugnó que éstas se recabaran a través de una aplicación y el Tribunal Electoral “para mala fortuna de la certeza y la legalidad” permitió el uso generalizado del papel en todo el país.
“Hoy sabemos la razón de tanta insistencia para los formatos físicos, la ley exigía dos millones 758 mil firmas para activar la revocación, sus impulsores recolectaron sólo un millón 370 mil a través de la app, o sea, les faltarían un millón 200 mil firmas, pero gracias al papel entregaron otras nueve millones 759 mil firmas”.
Recordó que, las inconsistencias comenzaron cuando, ante estas cifras que rebasaron el límite requerido, revisaron tres millones 60 mil registros y sólo en esta tercera parte de los entregados, detectaron 60 mil inconsistencias.
Después, en un ejercicio muestral, visitaron personalmente, casa por casa a 850 personas, de las cuales, el 27 por ciento negaron haber dado su apoyo, “o sea que los promotores de la revocación de mandato suplantaron su identidad y su voluntad”.
Pero la falta más grave, fue que detectaron 17 mil 460 personas fallecidas, de las cuales, 14 mil 957 fueron entregadas por la organización ‘Que Siga la Democracia’, por lo que esta AC vulneró las normas e infringió la ley “y presentó ante este instituto, información apócrifa para aumentar de manera dolosa los apoyos de la ciudadanía a la revocación de mandato”.
Además, desde la Comisión de Quejas y Denuncias, entre diciembre de 2021 y abril de 2022 se emitieron cuatro medidas cautelares, primero por tratar de confundir a la ciudadanía usando el término de ratificación en lugar de revocación de mandato y tres más por el retiro de 278 anuncios espectaculares, 21 propaganda adherida en equipamiento urbano, 36 bardas y 11 lonas, así como propaganda en espacios del gobierno.
Murayama recalcó que “con esta siembra de firmas de personas muertas”, Gabriela Jiménez cometió un fraude a la ley, lo que es un delito, por lo que personalmente, tendrá que publicar durante 30 días, entre las 7:00 y 9:00 horas, en todas sus redes sociales, un extracto de esta decisión donde se acredite que cometió este fraude entregando firmas de muertos, usurpando su identidad y haciendo mal uso de datos personales. Con la prohibición de que en sus publicaciones emita comentarios adicionales, por lo que tiene que limitarse a exhibir la sanción.
“Gabriela Georgina Jiménez Godoy fue candidata a diputada federal en 2021 y a quienes los representantes de morena se han referido en esta mesa como compañera, cometió un fraude a la ley ¿cómo pudieron obtener los datos personales y las copias de credenciales para votar de 15 mil muertos? quizá con acceso a los datos de quienes controlan programas sociales”.
Como medidas adicionales, dieron vista a la Fiscalía General de la República para que proceda penalmente por los delitos como fraude a la ley, y se dio vista al INAI por la vulneración de datos personales.
“Si la Fiscalía Especializa en Delitos Electorales actúa conforme a derecho y abandona su letargo, deberá haber condena penal para quienes usaron fraudulentamente los datos del padrón electoral”, dijo Murayama.
Y agregó que antes del IFE y del INE “había muertos que votaban, en el autoritarismo de nuevo cuño del siglo 20 se espera que haya muertos que firmen a favor del presidente, tanto tramposos unos como otros”.
La consejera Carla Humphrey consideró como “extremadamente graves” estas acciones que falsifican y usurpan firmas y la identidad de personas muertas, además de que se tomaron de forma indebida sus datos personales.
“Las pruebas permite concluir que se trata de una actividad sistemáticamente orquestada con el fin de engañar deliberadamente a esta autoridad. Se trató de un plan diseñado para obtener más apoyos a los originalmente captados.
“Aunque la organización dice que sólo sirvió de conducto, tenía la obligación de informar a las personas la forma en que debían llenarlo los formatos, lo que incluye, desde luego, el que se trataran de apoyos válidos y de personas vivas. Y aunque tendría que aplicarse una multa ejemplar, no es posible por su capacidad económica”.
La consejera Dania Ravel solicitó que se acreditara que hubo reiteración en la conducta pues “fue una actitud continuada al presentar más de 14 mil apoyos ciudadanos de personas fallecidas, lo que evidencia que una y otra vez, la persona moral desplegó una estrategia a través de sus operadores para violar la ley, lo que además, me parece que resultaría coincidente con la gravedad de la conducta y la multa impuesta”, pero su propuesta no obtuvo el respaldo mayoritario.
A pesar de que en ocasiones anteriores, cuando se dieron informes previos sobre estos casos, los representantes de Morena se pronunciaron en defensa de la organización de su ex candidata Gabriela Jiménez, en esta ocasión ni el suplente de la representación Euripides Flores ni la diputada Julieta Ramírez dieron algún tipo de posicionamiento.
La organización ‘Que Siga la Democracia’ y Gabriela Jiménez pueden impugnar esta decisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendría la última palabra para confirmar la sanción o revocarla.
