La presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta semana un documento político que esboza algunas prioridades a corto plazo para abordar la crisis de seguridad que azota a México. Aunque es un esfuerzo inicial, el plan carece de una estrategia integral y a largo plazo para enfrentar los desafíos institucionales y operativos que han debilitado la capacidad de los organismos de seguridad.
El documento destaca la importancia de fortalecer la inteligencia estatal y propone una nueva subsecretaría dedicada a este tema. Con la llegada del experimentado policía Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Pública, es de esperar que el enfoque del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se mueva hacia una mayor inteligencia policial y de seguridad pública, reduciendo su papel en la estrategia de seguridad nacional.
Sin embargo, quedan interrogantes clave: ¿Quién será responsable de desarrollar y coordinar la estrategia de seguridad nacional? ¿Cuál será el papel del Ejército y la Marina en relación con la Guardia Nacional? Y, ¿cómo se verá afectado el rol de la Secretaría de Gobernación tras las reformas constitucionales?
La realidad es que la presidenta Sheinbaum se enfrenta a una coyuntura compleja: el control territorial de los grupos criminales, el vínculo político entre los violentos y la clase política, y la inesperada detención de “El Mayo” Zambada. Estos factores requieren una estrategia nueva y coordinada, que vaya más allá de las buenas intenciones.
Aunque es comprensible que la presidenta evite politizar la crisis de seguridad, es crucial reconocer la gravedad del legado heredado y buscar un acercamiento con las víctimas. Solo así podrá construirse una estrategia efectiva que reduzca la violencia a corto y largo plazo.
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