Un contrapeso histórico en tiempos de tensión
En un movimiento que marca un punto de inflexión en las relaciones entre los poderes, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución bipartidista que actúa como un freno constitucional. El texto prohíbe expresamente al presidente Donald Trump iniciar nuevas hostilidades contra Venezuela sin una autorización explícita del Congreso.
Esta decisión llega como respuesta directa a las acciones militares ordenadas por Trump el pasado fin de semana, que incluyeron bombardeos y el controvertido secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro, operaciones ejecutadas sin notificar al Poder Legislativo.
La votación que dividió al Partido Republicano
La medida, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, se impuso con 52 votos a favor y 47 en contra. El apoyo fue un bloque unificado de los demócratas, sumado a cinco republicanos disidentes: Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski, Josh Hawley y Susan Collins.
Este quiebre interno revela las grietas en el tradicional apoyo republicano a la amplia discrecionalidad del presidente en asuntos de seguridad nacional.
Un camino legislativo cuesta arriba
A pesar del triunfo en el Senado, el futuro de la resolución es incierto. Ahora debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y, finalmente, ser promulgada por el propio presidente Trump para entrar en vigor.
Los analistas dan por descontado un escenario complejo: es improbable su aprobación en la Cámara Baja, y en el caso remoto de que llegue al escritorio presidencial, Trump casi seguramente la vetaría.
La reacción presidencial: furia y descalificación
La respuesta de Trump no se hizo esperar y fue contundente. Calificó la resolución de “estupidez” y lanzó una advertencia a los republicanos que la apoyaron: “nunca deberían ser elegidos nuevamente para un cargo”.
En su plataforma Truth Social, el magnate argumentó que la votación “obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional estadunidenses”, vulnerando su autoridad como comandante en jefe. Tildó de “inconstitucional” la Ley de Poderes de Guerra, un estatuto histórico de la era de Vietnam diseñado precisamente para limitar las conflagraciones no autorizadas por el Congreso.
Trump justificó la omisión de informar a los legisladores sobre los ataques, alegando que “el Congreso tiende a filtrar información”, una afirmación que avivó el debate sobre transparencia y seguridad.
La grieta política: ilegalidad y riesgo de guerra prolongada
Las acciones unilaterales del presidente desataron una ola de indignación que traspasó líneas partidistas. Demócratas y algunos republicanos coincidieron en señalar que los ataques fueron ilegales y advirtieron sobre el peligro de sumir a Estados Unidos en un conflicto prolongado y costoso, un eco de guerras pasadas.
El reloj económico contra Venezuela
Mientras la batalla política se libra en Washington, funcionarios de la administración Trump han encendido un contador contra el gobierno de Caracas. Según informes, calculan que el régimen venezolano tiene solo “unas pocas semanas” antes de quebrarse económicamente si no negocia con Estados Unidos.
La estrategia de máxima presión busca forzar un acuerdo. Las proyecciones señalan que, hacia finales de enero o febrero, Venezuela podría enfrentar la imposibilidad de pagar salarios a empleados públicos, militares y policías. Este colapso financiero podría derivar en el fallo de las funciones gubernamentales básicas y agravar la ya crítica escasez de alimentos.
En este escenario de presión extrema, Caracas se quedaría sin reservas de efectivo si decide desafiar las condiciones impuestas por Trump tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. El tiempo, según esta visión, se agota.
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