La rabia de los normalistas ha tomado Guerrero. El humo de más de una decena de coches en llamas sitúa la sede de la Fiscalía estatal como el epicentro de los disturbios en la ciudad de Chilpancingo, la capital de la entidad. Los normalistas, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos desde hace casi 10 años, se han echado a las calles en un grito desesperado. Es la respuesta de los estudiantes, curtidos en la lucha social y el movimiento obrero, al anuncio que ha realizado este martes el presidente. Andrés Manuel López Obrador ha reconocido en su conferencia diaria de prensa que el policía estatal que asesinó el pasado jueves al normalista Yanqui Kothan ha huido gracias a la ayuda de las autoridades.
Los normalistas han dirigido su rabia por el asesinato de su compañero y la huida del policía contra la Fiscalía estatal, el organismo que bajo condiciones normales debiera haber garantizado la detención del homicida. El Ministerio Público, lejos de responsabilizarse, se ha sacudido las culpas. “Durante el desarrollo de las investigaciones, ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía General del Estado a los policías estatales involucrados en los lamentables hechos en donde perdió la vida un estudiante de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa. En ningún momento esta Fiscalía Estatal tuvo en calidad de detenidos a dichos servidores públicos, aclarando que este organismo de procuración de justicia no realiza arrestos administrativos, por lo que deberá de aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los citados funcionarios estatales”, se lee en un comunicado difundido este martes. La investigación está ahora en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
El personal de la Fiscalía ha tenido que ser desalojado. Los normalistas, llegados en autobuses, han irrumpido con petardos y piedras contra el edificio. Los estudiantes también han prendido fuego a al menos once coches que se encontraban en el aparcamiento, de acuerdo con el organismo. En el caos de las protestas, cuatro trabajadores del Ministerio Público han resultado heridos, siempre según la entidad, que ha condenado los ataques. El Ejército, la Guardia Nacional y la policía han intervenido para disipar la protesta, lo que ha conducido a enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
López Obrador ha llamado a la colaboración ciudadana para dar con el paradero del agente huido: “Vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía, también pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, que nos ayude porque necesitamos detenerlo”. Las protestas por la falta de avances sobre el caso Ayotzinapa, el asesinato de Yanqui Kothan y la fuga del culpable se han estrellado contra la campaña electoral mexicana, que culminará en las elecciones del próximo 2 de junio. Ayotzinapa amenaza con ser el gran agujero negro de la Administración de López Obrador, que llegó al poder con la promesa de resolver el crimen y está viendo como en los últimos meses de su mandato el conflicto se recrudece, sin vistas de acercarse al final. El domingo, dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) que investigaban el caso Ayotzinapa desaparecieron y fueron encontrados con vida este martes.
El Palacio de Gobierno, blindado
Guerrero llevaba preparado desde el viernes para los disturbios. Desde que se conoció el homicidio de Kothan. Las autoridades blindaron el Palacio de Gobierno estatal y otros edificios públicos susceptibles de convertirse en diana de las protestas. La noche del jueves, la policía estatal asesinó a Kothan a balazos en el enésimo caso de brutalidad policial contra los estudiantes de las normales rurales, hijos de campesinos de las áreas más míseras del segundo Estado más pobre del país. En palabras de López Obrador, la actuación de los agentes constituyó un “abuso de autoridad”. No solo eso: el presidente afirmó que los policías dieron una versión falsa de lo sucedido, en la que culpaban a Kothan y sus compañeros, otros tres estudiantes que iban en el mismo coche que él, de haber abierto fuego primero. López Obrador los desmintió y aseguró que los jóvenes nunca dispararon.
El asesinato de Kothan fue la culminación de dos semanas de enfrentamientos cada vez más crudos entre los normalistas y las autoridades. Solo un día antes del homicidio, un grupo de estudiantes entre los que presuntamente se encontraba Kothan derribó una de las puertas de Palacio Nacional en Ciudad de México mientras López Obrador ofrecía su conferencia diaria de prensa. Era una forma de ejercer presión para que el presidente aceptara reunirse con ellos y los padres y madres de los 43 desaparecidos, que casi 10 años después siguen sin respuestas por el crimen, sin conocer el paradero de los muchachos ni ver a los culpables condenados, mientras los años enfrían las huellas y la investigación se estanca.
Los normalistas fueron subiendo la temperatura de las protestas a lo largo de los días, con petardos y presiones también en el Senado o la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras enfrentarse a la falta de colaboración de las autoridades. López Obrador les ofreció hablar con el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, pero los jóvenes se negaron a una reunión con nadie que no fuera el presidente. Sin concretar, el dirigente dijo que el encuentro se produciría “más adelante”, ya que quiere “un diálogo directo con ellos”, y se lanzó a criminalizar a los abogados que acompañan desde hace años a los padres y madres de los 43, profesionales reconocidos por su labor, algunos de ellos víctimas del espionaje estatal por su trabajo.
La estrategia de López Obrador hacia las familias de los 43 y sus compañeros normalistas es un carril de dos direcciones. Por un lado, promete —uno de los puntos claves de su programa electoral era resolver el caso Ayotzinapa— todo lo que está en su mano para ayudar a las víctimas. Por el otro, los criminaliza y estigmatiza. Este mismo martes, mostró una resortera de metal y las piedras y balines que supuestamente servían como munición a los estudiantes cuando echaron abajo la puerta de Palacio. “Estos eran los que querían el diálogo”, dijo sarcástico. Los disturbios en Chilpancingo comenzaron poco después.
El foco del problema es el mismo que ha protagonizado las protestas de los normalistas cada 26 de septiembre desde 2014: la resolución del caso Ayotzinapa, agravado todavía más por el asesinato de Kothan, una nueva víctima que sumar a una larga lista. Si no ya la aparición con vida de los 43 estudiantes, la de sus cuerpos. Y la condena de los culpables. Los familiares de los 43 exigen que el Gobierno entregue una serie de documentos de inteligencia militar donde, según ellos y el grupo independiente de expertos (GIEI) que investigó durante años el crimen, hay información sin la que las pesquisas no pueden avanzar. El Ejército niega la existencia de los archivos, respaldado por López Obrador. Por el momento, las conversaciones están rotas —el GIEI incluso abandonó México en julio, frustrado ante la negativa de las autoridades a colaborar— y la investigación está lejos de ofrecer respuestas. Los normalistas ya han avisado: hasta que no aparezcan sus compañeros, las protestas no acabarán.
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