Rubén Mosso
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el General Brigadier José Rodríguez Pérez por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud, por su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, organización responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Enrique Beltrán Santes, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, también sujetó a proceso penal al capitán José Martínez Crespo y al sargento Eduardo Mota Esquivel, por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Mañana, el juez resolverá la situación jurídica del subteniente Fabián Alejandro Pirita, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los citados delitos.
En entrevista con MILENIO, el abogado Alejandro Robledo Carretero, quien colabora en la defensa de los cuatros militares, indicó que “es muy fácil dictar auto de formal prisión cuando el juez de la causa te esconde la orden de aprehensión alegando sigilo”, argumento, que dijo, “es falaz”, porque su cliente tiene derecho a conocer de qué se le acusa.
El litigante, dejó claro que José Rodríguez no fue acusado por lo que ha dicho públicamente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, quien aseguró que el general presuntamente ordenó el asesinato y desaparición de seis de los 43 alumnos, que se cree habrían mantenido con vida cuatro días después del ataque del grupo criminal Guerreros Unidos suscitado el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La noche de la desaparición de los normalistas, el 26 de septiembre, José Rodríguez Pérez tenía el grado de Coronel y era el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Según declaraciones de estudiantes lesionados tras el ataque de sicarios y policías, el coronel estuvo al frente del personal militar que se dedicó a “fotografiarlos” al interior de una clínica en Iguala.
La semana pasada que el mando militar pactó su entrega. Elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron los encargados de cumplimentar la orden de captura.
Rodríguez Pérez permanece en la prisión del Campo Militar 1-A, desde donde siguió la audiencia por videoconferencia, al igual que los otros militares.
Es de mencionar que el capitán Martínez Crespo está detenido desde 2020, debido al presunto delito de delincuencia organizada; la nueva orden de aprehensión, se cumplimentó en reclusión.
En agosto pasado, la FGR notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre 20 órdenes de aprehensión que el juez federal libró contra mandos y tropa de los batallones 27 y 41 de Infantería, para que procediera a localizar a su personal y presentarlo.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), también se menciona que el general Alejandro Saavedra Hernández, con sede en Chilpancingo, fue uno de los enlaces operativos para desarrollar la investigación de los normalistas.
Por su parte, el Teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, era el mando inmediato del soldado Julio César López Patolzin, quien estaba infiltrado en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
“Julio César López Patolzin fue desaparecido junto con los estudiantes normalistas. No obstante que se encontraba activo en el Ejército Mexicano realizando funciones de informante y de que su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, éste no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber…”, detalla el informe.
IR
