A partir de hoy los elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles en México, y que van desde la posibilidad de hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para “reestablecer el orden”.
Lo anterior gracias a una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador dada a conocer ayer a través de un acuerdo publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Diario Oficial de la Federación.
Dicha orden se sustenta en una reforma constitucional aprobada el año pasado con motivo de la creación de la Guardia Nacional, la cual habilitaba al presidente a echar mano durante los próximos cinco años de las fuerzas miliares convencionales para funciones policiales.
En el papel se trata, según dicha reforma, de un apoyo solo para situaciones “extraordinarias” y subordinada a un mando civil, mientras se terminaba de conformar y desplegar a la referida Guardia Nacional.
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Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles consultadas por Animal Político advirtieron que el acuerdo presidencial no respeta dichas condiciones y por el contrario abre la puerta a una intervención amplia de los militares en la seguridad, sin fijar plazos claros, sin subordinación civil y sin controles externos.
El Colectivo Seguridad Sin Guerra emitió por la noche un posicionamiento en el que acusa que el acuerdo no regula la intervención militar sino, por el contrario le “quita la máscara” al militarismo de la seguridad en el país.
“Un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz, no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles”, señaló el colectivo que agrupa a mas de 30 organizaciones.
La orden: detener, vigilar, asegurar
La orden presidencial publicada faculta a las fuerzas armadas a intervenir y apoyar a en doce acciones distintas de seguridad pública contempladas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.
Las acciones van desde la implementación de estrategias y operativos para la prevención del delito en general, hasta participar activamente en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales, medios de transporte, entre otros.
También se faculta a soldados y marinos a realizar detenciones o asegurar bienes posiblemente relacionados con algún hecho delictivo, así como preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia en estos. En síntesis, intervenir por su cuenta en caso de que se cometa un delito.
El acuerdo publicado también faculta a las fuerzas armadas permanentes a colaborar con autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el “orden público” y “reestablecer la paz”.
Control y mando, todo militar
Aunque la reforma constitucional del año pasado establece que la participación de los militares estará subordinada a un mando civil y bajo una estricta fiscalización y control, en realidad el acuerdo publicado ayer no detalla como sería esto.
Lo que se señala es que dicha intervención será “subordinada y complementaria” a la Guardia Nacional, fuerza que aunque por definición es una policía civil en realidad opera bajo un mando operativo totalmente castrense, con más de 80 por ciento de sus elementos adscritos y reclutados por el Ejército, como se documenta en el reportaje Crimen y Violencia en México: la Guerra que no Acaba.
En el punto cuarto del mismo acuerdo se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a coordinarse con los titulares de la Defensa y Marina para operar la participación militar, pero no señala ni contempla que él se encuentre al mando de esta colaboración.
En cuanto al tema de la fiscalización de la actuación de las fuerzas armadas, el acuerdo solo señala en su punto quinto que la supervisión y control dependerá de los órganos interno del control de la dependencia que corresponda, es decir de la propia secretaría de la Defensa o Marina. Se trata entonces de un control interno militar.
No es regulación, es cheque en blanco
Expertos en temas de seguridad, fuerzas armadas y derechos humanos criticaron el acuerdo publicado ayer pues sostienen que en lugar de regular con límites, plazos y controles el apoyo del Ejército en seguridad durante los próximos cinco años, legaliza una amplia intervención en tareas que constitucionalmente son ajenas a las fuerzas armadas.
“El transitorio de la reforma del año pasado decía que este apoyo tenía que ser fiscalizado, subordinado y regulado, pero en el acuerdo no hay nada de eso. Esto no es una regulación es un cheque en blanco al Ejército. Es un fraude en la ley y en la práctica”, dijo a este medio Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora del CIDE.
Pérez Correa cuestionó además el hecho de que no se haya contemplado una fiscalización independiente o civil, como ordenaba la reforma, y que se permita a las fuerzas armadas supervisarse así mismas para tareas de seguridad pública que no son de su naturaleza.
En ese sentido Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, cuestionó que el acuerdo haya ignorado el tema de la participación “extraordinaria, regulada y subordinada” del Ejército en labores de seguridad pública, pues dijo que no se trata de una simple redacción ni ocurrencia, sino de los límites que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el uso de militares en labores policiales.
Tanto Correa como Hope criticaron además en que el acuerdo contemple simplemente la intervención militar durante el resto del sexenio sin explicar las condiciones o contexto que obligan a echar mano de ellas. Esto se agrava porque ni siquiera se conoce realmente en que grado de avance se encuentra la conformación de la Guardia Nacional, hecho al que supuestamente está condicionada la participación militar.
“Lo que sí es claro es que en realidad todo queda en manos del Ejército. El desarrollo de la Guardia Nacional depende hoy del Ejército y francamente no veo ningún incentivo para que eso cambie”, añadió.
Ayer el Colectivo Seguridad Sin Guerra, y organizaciones como México Unido contra la Delincuencia también emitieron posicionamientos de rechazo a la orden presidencial por la ausencia de controles, de plazos, y en general de todos los límites que deberían ponérsele a un apoyo que en esencia es excepcional, no permanente.
Las organizaciones coincidieron en que se trata de un paso que en cambio profundiza la militarización de la seguridad que desde hace dos sexenios se ha venido impulsando en tareas de seguridad, en menoscabo del desarrollo de las policías en México.
“Expresamos nuestro rechazo a este nuevo golpe. La situación actual derivada de la pandemia no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el país. Este gobierno se ha quitado la máscara”, dijo Seguridad Sin Guerra.
Es una “tomada de pelo”: activistas
José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), coincidió con los otros expertos en que el acuerdo del presidente no acota ni regula la intervención militar conforme a los parámetros de la CIDH. En el mejor de los casos legaliza lo que ya ocurría.
“De extraordinario no tiene nada, porque lo ordena. Regulada no es, porque no dice qué puede ni qué no puede hacer, ni objetivos ni tareas. La fiscalización es una tomada de pelo, ya que hemos visto que Sedena no se fiscaliza a sí misma y Marina y Guardia Nacional tampoco. Lo de subordinada es tomada de pelo mayor. Le instruye a Secretaría de Seguridad Pública para coordinarse con secretarios de Defensa y Marina y definir actividades en la que complementarán a la Guardia Nacional. Lo que dice el transitorio es que deben estar subordinados a la autoridad civil, pero aquí les dicen que se pongan de acuerdo”, señala.
“Se perfecciona la política de militarización de la seguridad publicad de López Obrador”, considera Guevara. Reconoce que esto “viene de años atrás” y establece una línea del tiempo desde Calderón, que sacó al ejército a las calles con medidas “inconstitucionales”, Enrique Peña Nieto, que creó una ley de seguridad interior que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia y el actual gobierno. “Fue más allá. Constitucionalizó la militarización de la seguridad pública, en contra de la propia Constitución, de los tratados internacionales y las recomendaciones internacionales”, dice.
Guevara recordó que la historia ya ha mostrado que la intervención militar sin control ha abierto la puerta a la tortura, la desaparición forzada y graves violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, Luis Tapia, coordinador del área jurídica del Centro Pro, indicó que “si lo vemos desde una primera lectura política, el acuerdo viene en un mal momento. El ejército ha ido ganando terreno en varias decisiones del gobierno: encargándose de construir un aeropuerto, trasladando combustible…”
En su opinión, uno de los puntos relevantes es que habilita al ejército para ser el primero en llegar a escenas del crimen. Se trata de algo que ya ocurría, como en la matanza de Tlatlaya, donde, según recuerda Tapia, la CNDH determinó que los militares movieron cuerpos y armas.
“Desde Calderón, cuando se profundiza en la militarización, empieza a ser habitual que el ejército llegue el primero a escena del crimen”, explica.
Coincide con Guevara al considerar que el acuerdo presidencial rompe con principios del artículo transicional, que decía que la actuación de esta fuerza armada debía ser “subordinada y complementaria” a la de la Guardia Nacional.
“Si actúa motu propio sin participación de ninguna fuerza policial civil pierde estos principios”, dice.
“Otra cosa es el hecho de remitir a los órganos de control interno la fiscalización. Está bien documentada por trabajo de organizaciones que los órganos de control interno han servido de tapadera, que no cumple con el deber de fiscalización”, señala.
