La batalla legal que sacude México
En un movimiento que ha captado la atención nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció acciones legales contra Jeffrey Lichtman, el polémico abogado defensor de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. El conflicto escaló tras declaraciones del letrado que calificó de “insultantes” hacia la investidura presidencial.
🚨 #ÚLTIMAHORA | 🗣️ "No voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante".
🔴 Sheinbaum anuncia que establecerá una demanda por difamación en contra de Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán López. pic.twitter.com/AAr0E4k4r7
— El Universal (@El_Universal_Mx) July 14, 2025
Las palabras que encendieron la mecha
Durante su conferencia matutina del 14 de julio, Sheinbaum respondió con firmeza a las acusaciones de Lichtman, quien la comparó con un “brazo de relaciones públicas de una organización criminal”. La mandataria dejó claro que no tolerará lo que considera ataques a las instituciones mexicanas.
“No estableceré diálogo con un abogado de narcotraficantes”, declaró con contundencia la presidenta, anunciando que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal prepara una demanda por difamación.
Reacciones que dividen opiniones
El anuncio presidencial generó un terremoto en redes sociales, donde el empresario Ricardo Salinas Pliego emergió como una de las voces más críticas. Con su característico estilo irónico, el magnate cuestionó las prioridades del gobierno:
- “Bien que se agarren otro enemigo”, escribió en su cuenta de X
- Criticó lo que considera “distractores” frente a problemas urgentes
- Enumeró casos pendientes como el huachicol fiscal y la violencia sin control
Un duelo que trasciende lo legal
Este episodio marca el último capítulo de una creciente tensión entre el gobierno y figuras públicas críticas. Sheinbaum ya había confrontado antes a Salinas Pliego por sus comentarios sobre periodistas mujeres, en lo que parece convertirse en un patrón de enfrentamientos verbales.
Mientras los expertos analizan las implicaciones legales de la demanda, el caso ha abierto un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la protección de las instituciones en México.
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