Mientras el gobierno mexicano se jacta de un vistoso despliegue militar en el Zócalo de la capital, la cruda realidad de la inseguridad y la ingobernabilidad que azota al país se hace cada vez más evidente.
El uso del Ejército para garantizar la seguridad pública ha sido un rotundo fracaso, con más de 200,000 asesinatos en el sexenio actual. Lejos de mejorar la situación, el gobierno se empeña en engañar a la población con un falso discurso de “vamos ganando”.
En Culiacán, el gobernador de Sinaloa encabezó una ceremonia del 15 de septiembre ante una explanada vacía, lanzando un patético grito de “¡Viva el presidente López Obrador!”. Esta imagen es la viva representación del culto a la personalidad que impera en el actual gobierno, en contraste con su incapacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Mientras tanto, el secretario de la Defensa informa al presidente sobre la construcción de sucursales bancarias, la remodelación de hospitales y la operación de aduanas, tareas que deberían corresponder al sector privado. Las Fuerzas Armadas, a quienes se les encomendó la seguridad, ahora admiten que ésta depende del crimen organizado y no de ellos.
La lógica y los resultados brillan por su ausencia. El gobierno insiste en militarizar la Guardia Nacional, a pesar de que las instrucciones presidenciales son de no someter a los grupos criminales. Cada día se envían más tropas a Sinaloa, mientras se reportan nuevas agresiones a los soldados por parte de los cárteles.
Es un desorden total, donde la tranquilidad de los ciudadanos se encuentra secuestrada por la violencia y la corrupción. Urge recuperar la racionalidad y asignar a cada institución las tareas que le corresponden, para que las Fuerzas Armadas se enfoquen en su labor y se forme una policía civil capacitada y bien remunerada.
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