En los últimos años, el excesivo endeudamiento del gobierno federal ha puesto en jaque su capacidad de pago. Lamentablemente, los recursos de la deuda se han enfocado en financiar programas y proyectos que no han generado ingresos públicos suficientes, lo que ha provocado que el costo financiero de la deuda acapare una gran parte del presupuesto. Para 2025, este costo alcanzará el 3.8% del PIB, más de la mitad de la recaudación anual del Impuesto Sobre la Renta.
Esta situación ha obligado al gobierno a proponer recortes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, entre ellos, un recorte del 12.2% al presupuesto de salud, llevándolo al nivel más bajo desde 2010. Esto representa un duro golpe para los servicios de salud de quienes no cuentan con acceso a la seguridad social formal, es decir, los más vulnerables.
Las instituciones que atienden a este segmento de la población sufrirán un recorte del 22%, mientras que el presupuesto de los servicios de salud en las clínicas y hospitales de los estados se reduce en 42.5% y el de la Secretaría de Salud en 34%. Esto afectará drásticamente el presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud.
Ante este panorama, el gasto anual per cápita de las personas sin seguridad social se situaría en un nivel mínimo histórico de 4,490 pesos, el más bajo en 15 años. En contraste, el presupuesto global de las instituciones de salud de las personas aseguradas sería 95% superior a las de los no asegurados, la mayor brecha desde 2005.
Estos recortes podrían profundizar la crisis del sistema de salud, limitando la disponibilidad de medicamentos, provocando despidos o renuncias de personal médico, y retrasando la adquisición de equipo médico. Todo ello inevitablemente reducirá la cobertura y efectividad de los servicios médicos en el sector público.
Es urgente que el gobierno garantice, desde el punto de vista financiero, el derecho a la salud de la población sin seguridad social. El gasto en salud no debe ser visto como prescindible, sino como una inversión pública que brinda mayor dignidad a las personas, reduce desigualdades y ayuda a controlar las pérdidas económicas derivadas de la carga de las enfermedades.
Si se aprueba este recorte al PPEF 2025, no solo será el peor inicio de sexenio en salud para las personas sin seguridad social en el siglo XXI, sino que marcará un retroceso histórico. La falta de un sistema público de salud digno y justo puede situar a millones de mexicanos en riesgo de pobreza y obstaculizar su derecho a la vida.
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