Postes de luz sin electricidad durante el apagón en la red eléctrica de México, en Ciudad Juárez, el 15 de febrero de 2021. JOSE LUIS GONZALEZ / Reuters
Las bajas temperaturas en Estados Unidos imposibilitaron el paso de gas natural a México, y con él, la generación de electricidad para 4,7 millones de mexicanos en el norte del país, quienes han sufrido un apagón intermitente durante dos días. Las pérdidas económicas estimadas alcanzan los 2.700 millones de dólares. Y los apagones vuelven a poner el foco en el plan que México tenía para evitar que esto sucediera y contra el que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pone todo tipo de obstáculos: la reforma energética de 2013, con la que el Ejecutivo pretendía, al abrir el sector eléctrico a la inversión privada, crear respaldos para que el país no sufriera apagones masivos.
Esto no se materializó. Con la llegada al poder de López Obrador, el plan energético cambió y la inversión privada se ha suprimido. Las licitaciones y subastas que la reforma diseñó para que las empresas construyeran más vías de transmisión eléctrica, almacenes de combustible y generaran más energía renovable, fueron canceladas. Las empresas que, gracias a la reforma, se fundaron con permisos para competir directamente con la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ahora ven sus operaciones obstaculizadas por el Gobierno y el resultado es un sistema eléctrico precario. El reciente apagón es el segundo del año y, según los expertos en el sector, no será el último.
Para paliar la falta de gas natural en lo inmediato, se compraron buques de gas licuado, dijo López Obrador el miércoles durante una conferencia de prensa. “Nosotros estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas, estamos echando andar a plantas de combustóleo, estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación, de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente, sino que se pueda organizar el que haya apagones periódicos, temporales, de 30 minutos”, aseguró el mandatario. La CFE informó que a las 10:30 del miércoles, todavía se encontraban sin suministro 5,976 usuarios en los estados de Chihuahua y Tamaulipas, que representan el 0.01% del total de usuarios de la paraestatal en el país.
“Si México hubiera decido continuar con la reforma energética, es posible que este apagón no hubiera sido tan fuerte,” dice Emily Medina, consultora en energía y asociada de Energy Policy Research Foundation. “Esto es un tema de varias aristas, por ejemplo, si nos enfocamos en la infraestructura de almacenamiento en México, esa pudo haberse expandido con inversión privada en varios proyectos contemplados anteriormente y es posible que hubiera ayudado a mitigar la emergencia”.
El Gobierno mexicano no puede hacer todo por sí mismo, apunta Medina, ya que no cuenta ni con la tecnología ni con el capital suficiente para mejorar la infraestructura eléctrica del todo país, por eso se hizo un plan quinquenal de gas natural como parte de la reforma de 2013, el cual incluía licitaciones de proyectos de almacenamiento que ahora están frenados. “México le hubiera podido enviar gas natural a Estados Unidos en este caso. Si los países hubieran trabajado juntos para expandir redes de energía eléctrica transfronteriza” y el país contara con suficiente capacidad de almacenamiento, añade la experta.
El Ejecutivo de López Obrador hace todo lo posible para que CFE no tenga competencia. Primero, de acuerdo a varios medios mexicanos, envió un memorándum a los reguladores y operadores del sistema eléctrico pidiéndoles que las empresas privadas no obtengan los permisos necesarios para operar. Después, a través de la Secretaría de Energía, su Gobierno emitió criterios para limitar la generación de energías renovables, los cuales no procedieron debido a un fallo en contra por parte de la Suprema Corte de Justicia. Más recientemente, envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica de manera que la CFE preserve su posición de monopolio. La iniciativa recibió el visto bueno de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Marcela Roque es directora de energía de Luxem Energía, empresa que en 2016, y a partir de la reforma energética, cuenta con un permiso para suministrar electricidad a industriales usando fuentes solares, eólicas y de gas natural. Luxem es, por lo tanto, uno entre varios competidores de la paraestatal. Antes de llegar al sector privado y hasta 2019, Roque trabajó para la propia CFE como Jefe de Unidad de la subsidiaria CFE Calificados. “Hay mucho interés por parte de las empresas en el país por cambiar de empresa eléctrica suministradora, no solo porque no están de acuerdo con las políticas de la CFE y la administración actual, sino también porque tienen mandatos de responsabilidad social que los obliga a usar fuentes renovables de energía y la CFE no les ofrece eso”, dice Roque.
Las empresas suministradoras de electricidad han visto obstaculizada su operación a partir de la llegada del Gobierno del presidente López Obrador, el cual puede tardar hasta 16 meses en permitir que un usuario migre de CFE al mercado. Incluso cuando la espera y los gastos extras por trámites incrementan los costos que las empresas deben pagar para cambiar de suministrador, muchas empresas siguen el proceso para evitar ser clientes de CFE.
“Actualmente no existe redundancia en las redes de transmisión”, explica Roque, “esto quiere decir que si un elemento falla se cae la transmisión eléctrica de ciertas regiones, afectando a muchos usuarios. Algunos de los lugares más vulnerables son la península de Yucatán, Baja California y la zona del Bajío”.
El llamado “megapagón” de esta semana en el norte del país es el segundo este año. En enero, 10,3 millones de usuarios en el país se quedaron sin electricidad y la CFE culpó a la intermitencia de las energías renovables, sin aportar pruebas. El mismo López Obrador ha atacado las energías renovables, acusando a empresas de este sector de ser corruptas. Pero México tiene un gran potencial para generar energía renovable, asegura Medina. Si lo aprovechara “México le podría exportar energía eléctrica a Estados Unidos, ahora existen maneras de hacerlo. Antes de la reforma energética esto no era posible y el tratado de libre comercio entre los países lo promueve, pudiera hacerlo incluso sin aranceles”.
A partir de esto, muchas empresas que se fundaron para ofrecer electricidad a residencias y negocios, se han visto obligadas a cerrar sus puertas o venderse a empresas chinas, dice Medina. “China lo que quiere ahorita es expandir su presencia en todo el mundo, lo hemos visto con su iniciativa la Nueva Ruta de la Seda y esta Administración ha sido bastante amigable con China”. En enero de 2020, el embajador de China en México dijo que su país financiaría una parte de uno de los proyectos emblemáticos de López Obrador, una refinería en su estado natal, pero después la embajada corrigió y dijo que había sido un malentendido.
Zuma Energía, empresa eléctrica que nació con la reforma energética, se vendió el año pasado a la empresa china State Power Investment Corporation (SPIC). En algunos casos, empresas de energías renovables como Viva Energía y Exel Solar, sacan adelante sus proyectos renovables sin críticas del Gobierno al asociarse con empresas chinas.
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