La presidencia de México se encuentra en una encrucijada legal con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de no resolver dos expedientes de pago de impuestos por 35.000 millones de pesos.
Según el mandatario, estos expedientes ya habían sido resueltos previamente por la Corte, determinando que se debían pagar dichos impuestos. Sin embargo, tras nuevos recursos legales, los casos volvieron a la Corte, donde aún no se han resuelto.
“Si no resuelven antes de que yo termine (el 1 de octubre), ahí se los encargo, nada más para que le den seguimiento, que no se olvide, porque están pensando que si pasa el tiempo ya no sucedería nada”, advirtió López Obrador.
El presidente ha señalado que la solicitud de juicio político contra Piña podría interpretarse como una persecución de su gobierno, por lo que ha decidido no seguir ese camino. Sin embargo, la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial sigue creciendo en torno a estos casos.
La presidenta de la Corte, Norma Piña, ha admitido los dos recursos, uno por un crédito fiscal de 18.455 millones de pesos y otro de 1.431 millones de pesos. Estos casos serán analizados por los ministros Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel Mossa, respectivamente, quienes deberán proponer una resolución para que sus pares la discutan y voten.
¿Logrará la Corte resolver estos expedientes antes de que termine el mandato de López Obrador? La batalla legal entre el Ejecutivo y el Judicial sigue en desarrollo, con importantes implicaciones para el futuro político de México.
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