Rubén Mosso
Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión, por muertes registradas en la pandemia por covid-19.
En acato a una sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, instruyó al Ministerio Público Federal comenzar la indagatoria.
MILENIO dio a conocer el 24 de noviembre de 2020, que familiares de personas fallecidas a causa de covid-19 comenzaron a presentar ante la FGR denuncias penales contra el subsecretario Hugo López-Gatell, acusándolo de incompetencia y negligencia en su desempeño como jefe de la estrategia del gobierno federal ante la pandemia.
La primera fue del abogado Felipe Jiménez Palacios y Nayeli Martínez Aguilar, en representación del padre de Felipe y de Eber Álvarez Zavala, quien fue pareja de la señora.
Jiménez Palacios es representando actualmente por el abogado Javier Coello Trejo, para quien trabaja en su despacho. El 15 de diciembre de 2020, la FGR desechó la denuncia de hecho, sin haber llevado a cabo actos de investigación.
Los denunciantes impugnaron la medida ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, pero no resolvió a su favor. Después, los afectados presentaron un amparo, pero les fue negada la protección de la justicia.
Ante esta situación, interpusieron un recurso de revisión y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó en diciembre pasado revocar la sentencia y otorgar la protección, ordenando al juez de control llevar a cabo una nueva audiencia donde se ordenara al Ministerio Público Federal iniciar la pesquisa.
“La fiscalía debe ejercer y cumplir su obligación de investigar los hechos denunciados por las víctimas indirectas, con apariencia de delito, todo ello conforme a lo previsto por los artículos 131, 212, 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, determinó Ganther Alejandro.
En un principio, la denuncia se presentó con el apoyo de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, donde se incluye ejemplos de las declaraciones que ha dado el funcionario.
Según la UNE (estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, La Salle, Panamericana, Iberoamericana y Anáhuac; de los institutos Tecnológico Autónomo de México y de Monterrey, así como de la Escuela Libre de Derecho), “el zar anticovid ha caído en hechos con apariencia del delito conocido como comisión por omisión, negligencia e incompetencia”, previstos en el Código Penal Federal.
Afirmaron que López-Gatell ha tenido una “deficiente actuación” y es documentable “su evidente irresponsabilidad y tendencia a informar de manera incompleta y falaz al pueblo mexicano”, lo que ha dado como resultado “el cúmulo de homicidios de comisión por omisión”.
Indicaron que el subsecretario “introdujo los lineamientos de atención a la posible epidemia y, al no hacer el correcto análisis, provocó la existencia de casos de SARS-CoV-2 no detectados de manera oportuna”, impidiendo al personal médico activar protocolos como el uso de cubrebocas, aislamiento de los pacientes, desinfección, tratamiento pertinente, entre otros.
El 3 de marzo, apuntaron, López-Gatell prohibió a los hospitales privados realizar pruebas de SARS-CoV-2 y el 19 de marzo “mencionó que las mismas no tenían utilidad alguna”.
En mayo de 2020, el padre de Felipe de Jiménez Palacios dio positivo a covid, pero no fue recibido por algún hospital público. Consiguió tener a su padre unos días en una clínica privada, pero debido al costo, no lo pudo mantener ahí por más tiempo y falleció el 15 de mayo.
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