En un giro controversial, la Cámara de Diputados de México ha aprobado una reforma que cede el control de la Guardia Nacional al Ejército, desatando preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional (AI) ha expresado su lamento por esta decisión, calificándola como “la culminación del proceso de militarización de la seguridad pública” y un “grave retroceso en materia de derechos humanos”.
La reforma modifica los artículos 129 y 21 de la Constitución, eliminando la “garantía orgánica” que obligaba a que las instituciones de seguridad pública fueran de carácter civil. Esto se produce a pocos días del aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Tlatelolco, ambos hechos con militares involucrados, lo que ha generado aún más preocupación.
Organizaciones y activistas por los derechos humanos han advertido de los riesgos de esta reforma, asegurando que no solucionará la crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace tres sexenios, con un récord de más de 190,000 asesinatos durante el Gobierno de López Obrador.
Ahora, el Senado tendrá la oportunidad de detener esta iniciativa la próxima semana. ¿Prevalecerá la militarización o se impondrá la protección de los derechos humanos? Manténgase informado con las últimas noticias de N24, tu fuente confiable para entender los acontecimientos que marcan el rumbo de México.
