Vanessa Job
“No es posible que la justicia me quiera involucrar o me quiera vincular a un delito tan grave que es el narcotráfico”, dice la médico cirujana y anestesióloga Marisa Brito después de salir de una jornada de trabajo en un hospital particular de la ciudad de Iguala, Guerrero, en donde solamente se cuenta con cinco anestesiólogos privados para una población de 200 mil habitantes.
La mañana de este jueves la doctora Brito anestesió a una anciana que necesitaba ser operada de una rodilla. Para el procedimiento utilizó una ampolleta de fentanilo como lo hacen comúnmente los anestesiólogos sin que esto sea considerado un delito y menos alguna actividad vinculada al crimen organizado.
El 4 de mayo pasado la doctora Brito fue imputada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de compra de narcóticos al haber adquirido seis ampolletas de fentanilo a través de Internet a un proveedor que le recomendaron unos colegas.
El Fentanil es un opioide más fuerte que la morfina, es utilizado para procedimientos quirúrgicos, intubaciones o para mitigar el dolor, pero también se usa ilegalmente para hacer metanfetaminas.
“En ningún momento yo tuve alguna idea diferente que no fuera ayudar a los pacientes”, dice Brito angustiada, quien buscó ayuda legal para presentarse a la primera audiencia.
“Una de las cosas más sorprendentes de esta acusación tan absurda contra la doctora Brito es que la propia FGR en su escrito en donde nos citan a la vinculación a proceso nos dice que el art 239 y 240 de la Ley General de Salud y claramente lo establecen exentan a los médicos cirujanos”, explica el abogado Antonio Juárez.
La ley establece que sólo podrán prescribir estupefacientes los médicos cirujanos, veterinarios, dentistas, odontológicos que tengan título registrado por las autoridades educativas competentes y que cumplan con las condiciones que señala la Ley.
MILENIO constató que la doctora cuenta con una cédula profesional emitida el 4 de mayo de 2016 que la acredita como especialista en anestesiología, lo que le permite, igual que a miles más de médicos y anestesiólogos del país, comprar el medicamento. También posee un título profesional emitido por la Universidad latinoamericana el 19 de enero de 2010 como licenciada en Médico Cirujano. Por ello, los compañeros de Marisa la apoyan.
“La doctora yo la conozco desde hace más de 15 años, ella es una persona muy recta, siempre se rige de forma ética”, contesta la anestesióloga Ana Florencia Ortiz cuando se le piden referencias de su colega.
Los anestesiólogos del país están preocupados por la persecución a la doctora Brito, pues el uso del fentanilo es para ellos una herramienta de trabajo.
“Para nosotros es algo de uso diario, sí estoy muy sorprendida y nos podemos ver afectados incluso todos, no nada más ella”, refiere la doctora Ortiz.
Los médicos refieren que ante la escasez que hubo a causa de la pandemia fue común que los especialistas la adquirieran en línea. El medicamento fue utilizado en los pacientes de covid-19 para evitar que sintieran dolor al intubarlos cuando no podían respirar por sí mismos.
Durante la pandemia, la doctora Brito ha intubado a pacientes contagiados de covid-19 en el Hospital General Municipal.
“Es lamentable que después de haber pasado una pandemia entonces que ahora de buenas a primeras la quieran meter a la cárcel, no se me hace justo”, asegura la doctora Glorisel Hernández, médico urgencióloga.
Actualmente la doctora Brito goza de libertad, pero en la audiencia del próximo 22 de junio un juez determinará si es vinculada a proceso. Si se determina que hay delito será encarcelada y podría tener que cumplir una pena de 10 a 25 años.
“Ahorita estoy desconcertada, estoy triste por la situación que estoy viviendo”, dice Brito antes de tener que entrar al Hospital General para seguir anestesiando a pacientes que lo necesiten.
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