En un giro trágico de los eventos, elementos del Ejército mexicano han sido señalados como los responsables de la muerte de seis migrantes en Chiapas. Este lamentable incidente no solo pone en tela de juicio la preparación de nuestros soldados para labores de seguridad pública, sino que también cuestiona la política de militarización impulsada por el gobierno.
La versión oficial indica que los soldados “escucharon detonaciones” y respondieron abriendo fuego, hiriendo a diez personas e impactando fatalmente a un niño de 11 años y a otros cinco migrantes. Más allá de las explicaciones, este trágico suceso desnaturaliza el rol de nuestras fuerzas armadas y normaliza el trato inhumano hacia los migrantes, quienes son vistos cada vez más como seres sin derechos.
La satanización de los migrantes como estrategia electoral ha calado hondo en la política estadounidense, con candidatos de ambos partidos proponiendo medidas cada vez más duras en la frontera. Mientras tanto, el gobierno mexicano se queda sin argumentos para defender a sus connacionales, luego de este crimen que pone en evidencia la fragilidad de los derechos humanos en nuestro país.
Es imperativo que las autoridades mexicanas tomen medidas urgentes para evitar que tragedias como esta se repitan. La militarización de la seguridad pública ha demostrado ser un fracaso, y es hora de que se priorice la capacitación y el profesionalismo de las fuerzas policiales civiles. Solo así podremos garantizar la seguridad de todos los mexicanos y migrantes que transitan por nuestro territorio.
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