En una sesión maratónica de 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó ayer una polémica reforma constitucional que elimina la obligación del Estado de liderar en solitario la transición energética hacia fuentes más limpias. Ahora, este proceso se llevará a cabo en conjunto con la iniciativa privada, generando un acalorado debate entre los partidos mayoritarios y la oposición.
La reforma, impulsada por el partido gobernante Morena y sus aliados, recupera el estatus de empresas públicas para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esto significa que el Estado retomará un papel protagónico en el sector energético, dejando atrás el modelo de apertura a la participación privada.
“Es un giro radical que sacude los cimientos de la transición energética en México”, explica el experto en políticas públicas, Javier Hernández. “Ahora, el gobierno y las empresas privadas deberán trabajar de la mano para lograr este cambio tan crucial para el futuro del país”.
La votación final, con 350 votos a favor y 111 en contra, refleja la polarización política que rodea este tema. Mientras los partidarios de la reforma celebran el fortalecimiento del papel del Estado, la oposición teme que se frene el avance hacia energías más limpias.
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