En un momento crucial para la seguridad de México, la Estrategia de Seguridad presentada esta semana ha generado una ola de reacciones encontradas. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado un tono más empático con las víctimas, como se vio en su respuesta a la primera masacre del sexenio en Chiapas. Sin embargo, su mayoría constitucional también ha despertado preocupaciones sobre el riesgo de un gobierno autoritario.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha propuesto una estrategia técnica y no ideológica, enfocada en reducir la delincuencia con objetivos claros: disminuir homicidios, neutralizar a los generadores de violencia y fortalecer a policías y fiscalías locales. Pero persisten vacíos y riesgos, como la falta de una estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas y el retorno seguro de los desplazados.
Además, existe el riesgo de que la Ley de Seguridad no sea clara sobre las responsabilidades de cada orden de gobierno, y que el titular de la UIF, Pablo Gómez, siga actuando fuera de la ley, intimidando a empresarios y organizaciones civiles en lugar de atacar las finanzas de los criminales.
En este contexto, la presidenta de Causa en Común propone un Pacto Nacional por la Seguridad y la Justicia, que involucre a todos los actores clave y establezca mecanismos de rendición de cuentas. Esto, asegura, requiere de un aumento significativo en los recursos presupuestales a la seguridad civil y la voluntad política de Sheinbaum para garantizar su éxito.
¿Logrará la Estrategia de Seguridad equilibrar la necesidad de seguridad con los riesgos de un gobierno autoritario? Descubre más sobre este debate crucial en N24, tu fuente de noticias de confianza.
