Un giro inesperado en el sistema de salud
El Programa IMSS Bienestar, un modelo exitoso durante 45 años que atendía a población no derechohabiente en zonas marginadas, fue disuelto mediante un decreto presidencial publicado el 1 de julio de 2025. Ahora, la atención de casi 11 millones de personas sin seguridad social pasará al IMSS ordinario, en lo que expertos califican como una medida jurídica y financieramente riesgosa.
El presupuesto fantasma
La raíz del problema: el Presupuesto de Egresos 2025 no asignó los 32 mil millones de pesos necesarios para mantener el programa. Esta omisión “autoinducida” bloqueó las reglas de operación y dejó en el limbo a 81 hospitales comunitarios y más de 2,100 unidades médicas rurales en 19 estados.
Un parche temporal con consecuencias
El IMSS recurrirá a sus reservas para cubrir los gastos, con un desembolso inicial de 21 mil millones de pesos. Pero el verdadero problema viene después: atender a esta nueva población costará entre 88 y 121 mil millones anuales, acelerando el agotamiento de las reservas del instituto.
Las cuentas que no cuadran
- El decreto viola el principio de contributividad (artículo 31 constitucional)
- No existe un mecanismo claro para restituir los gastos
- Se usarán hospitales como “pago” por servicios, contra lo establecido en la ley
Un futuro incierto para el IMSS
Según cálculos actuariales, las reservas podrían agotarse entre 2029 y 2033 (2 a 5 años antes de lo previsto). A esto se suman:
- 5,750 mdp por el Régimen de Jubilaciones
- Homologación de salarios
- 2,400 trabajadores sin presupuesto asignado
¿Error técnico o decisión política?
Expertos señalan que el problema no es de la presidenta Sheinbaum, sino de una asesoría técnica deficiente. La medida carece de sustento jurídico y pone en riesgo la viabilidad financiera del IMSS. La pregunta clave: ¿habrá marcha atrás antes de que sea demasiado tarde?
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