Un allanamiento como este no es nada nuevo para él, pero nunca había sido algo tan personal. Al fin y al cabo, en 2018 Daniel Ortega ordenó allanar su medio digital Confidencial. Algo que se repitió en 2021, cuando la policía ocupó de nuevo esa redacción y la del programa en televisión digital Esta Semana.
Desde hace un par de semanas, las autoridades judiciales de Nicaragua, que no son independientes del gobierno de Daniel Ortega, comenzaron una ofensiva de entrevistas, restricciones migratorias, señalamientos y vinculaciones de periodistas y medios a investigaciones por supuestamente lavar dinero o conspirar con gobiernos extranjeros. Pero no han aportado pruebas ni detalles concretos, ni han hecho una acusación formal. De ahí que el hecho se enmarque dentro de un patrón de intolerancia que, al estilo imperante en Cuba desde hace décadas, se abre paso en América Latina. Como si los periodistas fueran una piedra en el zapato de gobernantes e instituciones estatales a quienes les incomoda la democracia.
Y no hay nada que moleste más que una piedra en el zapato.
De formas más o menos sutiles, en países como Nicaragua, El Salvador, México y Venezuela, instituciones estatales mantienen presión sobre los medios, en especial desde el Poder Ejecutivo. En todos se repite el mismo discurso: la prensa independiente es enemiga del pueblo.
Por ejemplo, en Nicaragua, según reseñó el New York Times , las autoridades vincularon a 13 medios en una investigación criminal enfocada en los líderes de la oposición por presunto “lavado de dinero, traición y conspiración sediciosa”. El gobierno nicaragüense ya había impedido al corresponsal del diario estadounidense la entrada al país.
Según el orteguismo, la investigación se mantiene debido a que “se está desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del pueblo y gobierno de Nicaragua, impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de la derecha y figuras de la oposición financiados por Estados Unidos”.
