El estado de excepción impuesto desde marzo de 2022 por el controvertido presidente Nayib Bukele en El Salvador ha dejado más de 3.000 menores detenidos de forma arbitraria y sometidos a juicios con violaciones al debido proceso, revela un informe publicado este martes por el organismo de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). La investigación evidencia de que también han sido condenados más de 1.000 menores, acusado de pertenecer a pandillas o maras, las agrupaciones criminales contra las que Bukele ha desatado una feroz persecución, con graves abusos contra miles de detenidos. “Las fuerzas de seguridad han sometido a muchos de estos niños, niñas y adolescentes a graves violaciones de derechos humanos durante el arresto, la detención e incluso después de su liberación”, acusa HRW en su informe.
El documento de 114 páginas, titulado ‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador’, se basa en más de 90 entrevistas con víctimas de abusos, sus familiares y abogados, testigos, jueces, agentes de policía, expertos en seguridad, maestros, exfuncionarios gubernamentales, periodistas y miembros de la sociedad civil. Desde HRW también explican que solicitaron información a varias instituciones gubernamentales y que sus expertos revisaron expedientes judiciales, así como historiales médicos, educativos y penales. “Muchos niños, niñas y adolescentes que han sido detenidos y encarcelados no tenían ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas”, denuncian en el informe.
HRW asegura de que las autoridades sometieron a los menores detenidos “a malos tratos durante la detención que, en ciertos casos, constituyeron actos de tortura. Los menores fueron recluidos en condiciones deplorables, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a alimentación y atención médica adecuados y contacto familiar. Algunos han sido detenidos con adultos, en violación de los estándares internacionales de derechos humanos y de la legislación salvadoreña”, agrega. HRW pone hincapié en que “las autoridades salvadoreñas han tomado pocas, si es que alguna, medida para proteger a los niños, niñas y adolescentes de violencia por parte de otros detenidos, incluyendo golpizas y agresiones sexuales”.
Las autoridades han acusado a los menores en muchos casos de pertenecer a “agrupaciones ilícitas” y las condenas, afirman desde la organización, “tienen definiciones excesivamente amplias y prevén penas máximas que oscilan entre los 10 y los 20 años de prisión”. Los expertos de HRW advierten de que estas condenas se basaron con frecuencia en testimonios policiales no corroborados y a veces contradictorios. “En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura. Jueces y fiscales han mantenido rutinariamente a los niños en detención provisional prolongada, una práctica que, dadas las pésimas condiciones de los centros de detención de menores, ha expuesto a niños, niñas y adolescentes a mayores riesgos de abuso”, revela el informe.
El organismo defensor de derechos humanos se hace eco de testimonios aportados por las víctimas de estos abusos cometidos por el Estado salvadoreño. Es el caso de Nicolás (los nombres de las víctimas han sido cambiados para proteger su identidad), un estudiante de 16 años detenido el 10 de julio de 2022 en su escuela localizada en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán, en el occidente de ese pequeño país de poco más de 21.000 kilómetros cuadrados. Un familiar relató a HRW que las fuerzas de seguridad ingresaron en la escuela y se llevaron al menor. “Las fuerzas de seguridad le dijeron a su padre que se lo llevaban a una delegación policial “para una entrevista” y que “lo liberarían pronto”. Dos años después, Nicolás sigue detenido”, denuncia HRW. El menor fue sometido a un juicio bajo la acusación de pertenecer a agrupaciones ilícitas. Su padre pidió a un policía ver a su hijo durante una de las audiencias, pero el oficial le respondió: “Su hijo no existe aquí”. Un juez condenó al adolescente a dos años y seis meses de prisión en enero de 2023.
Otra de las víctimas de la violencia estatal ha sido Óscar, de 17 años y también estudiante. El muchacho fue detenido en una comunidad rural de Apopa, en el departamento de San Salvador, que incluye la capital. También fue acusado, sin pruebas, de pertenecer a agrupaciones ilícitas. “Durante cinco meses, las autoridades lo mantuvieron detenido en un centro de detención de menores llamado ‘El Espino’, hasta que un juez ordenó su liberación en agosto de 2022. Óscar contó a HRW que muchas veces los custodios lo golpearon con macanas durante requisas de las celdas. Dijo que en varias ocasiones él y otros detenidos fueron obligados a arrodillarse durante tres horas, desnudos, o bajo el agua al amanecer. A veces, los guardias no les proporcionaban comida en todo el día”, señala la organización en su informe.
Las niñas también han sido víctimas de estos abusos. HRW recoge el testimonio de Carolina, de 17 años y detenida el 1 de julio de 2022 por policías y soldados un pueblo rural del departamento de Sonsonate. “No le mostraron una orden de detención. La acusaron de colaborar con las pandillas. Según Carolina, la llevaron a una delegación policial donde estuvo detenida durante siete días con mujeres adultas. Un agente de la policía intentó coaccionarla para que identificara a un miembro de una pandilla, a quien ella no conocía, a cambio de ser liberada”, denuncia HRW. La joven fue trasladada a un centro de detención juvenil, donde estuvo recluida en una celda pequeña e insalubre junto con otras 25 niñas y adolescentes. “Meses después, un juez presionó a Carolina y a otros siete menores para que conjuntamente se declararan culpables de colaborar con la pandilla MS-13, lo que ella niega”, ahonda HRW.
La MS-13, o Mara Salvatrucha, es una de las organizaciones de pandillas más temidas en El Salvador por el salvajismo con el que cometían sus crímenes, que incluyen violación, contrabando de armas, secuestros, asesinatos y vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Algunas organizaciones estiman que este grupo ha llegado a contar con más de 25.000 integrantes. Carolina contó a HRW que el juez que la procesó la amenazó a ella y otros tres menores con penas el doble de largas si rechazaban el acuerdo en el que declaraban su culpabilidad. Todos se declararon culpables y fueron sentenciados a un año de prisión. “No teníamos opción”, dijo Carolina. “Todos queríamos estar con nuestra mamá”, agregó.
Bukele impuso su régimen de excepción en marzo de 2022 como respuesta a la violencia descarnada que sufría el país centroamericano, sometido a las leyes impuestas por las pandillas, que controlaban amplios territorios y sometían a la población a un ambiente de terror y extorsiones. Hasta las fechas han sido detenidas más de 80.000 personas y organizaciones internacionales denuncian abusos, torturas, detenciones arbitrarias, juicios espurios y otras crueles violaciones a los derechos humanos. HRW revela que los menores detenidos han sido sometidos a condiciones deplorables en detención incluyendo, en ocasiones, hacinamiento, y falta de alimentación y atención médica adecuados, así como contacto con abogados y familiares. “Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones de derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el Gobierno”, alerta Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El Gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades”, recomienda la experta.
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