La líder opositora peruana Keiko Fujimori salió de la cárcel este lunes tras pasar poco más de tres meses encerrada por su involucramiento en el escándalo que tiene a la constructora Odebrecht en el centr.
La primogénita del condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) salió con mascarilla y guantes blancos del penal de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima, observó un fotógrafo de la AFP.
Vestida con casaca gris y pantalones vaqueros, abordó un taxi rumbo a su casa junto a su hermano Hiro, cuatro días después del fallo del tribunal que le concediera la libertad bajo fianza.
Previo a su salida, Keiko, de 44 años, había indicado en su cuenta de Twitter que, antes de reunirse con sus dos hijas, se sometería a una prueba para determinar si había contraído el nuevo coronavirus.
“Lo primero que voy a hacer después de salir y llegar a mi casa es realizarme una prueba molecular, con el objeto de no poner en riesgo a mi familia. Hemos decidido que mientras no tengamos el resultado de esa prueba, no voy a poder reunirme con mis hijas”, tuiteó.
Canales de televisión mostraron que afuera de su casa la esperaba una persona de un laboratorio privado para hacerle la pruebas de la COVID-19.
Un tribunal de apelaciones concedió a Keiko el jueves la libertad bajo fianza de 20.000 dólares, pero le prohibió convivir con su marido, el estadounidense Mark Vito Villanella debido a que ambos están en investigación en la misma causa.
Villanella anunció en redes sociales que se encontraba junto a sus hijas en la casa de su suegra, Susana Higuchi, hasta que se tengan los resultados de los exámenes a los que se someterá su esposa.
La opositora cumplía 15 meses de prisión preventiva desde el 29 de enero como parte de una investigación de la fiscalía por el presunto lavado de activos por aportes ilícitos que habría recibido de Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en una causa por corrupción que salpica a cuatro expresidentes peruanos.
Imagen de archivo. El logo de la empresa constructora Odebrecht SA es visto en sus oficinas de Sao Paulo, Brasil. 29 de julio de 2019. REUTERS/Amanda Perobelli
“Keiko va a continuar enfrentando esta investigación; es la principal interesada en que esto se esclarezca”, declaró su abogada, Guilliana Loza, a la emisora RPP el fin de semana. Keiko niega las acusaciones en su contra.
El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del escándalo de Odebrecht, anunció el sábado que presentará un recurso casación ante la Corte Suprema en busca de revocar la excarcelación de Keiko.
La hija del expresidente de ancestros japoneses había anunciado en diciembre que haría una pausa en su actividad política, pero siguió siendo la jefa del partido fujimorista y de derecha, Fuerza Popular.
Keiko estuvo cerca de ganar la presidencia en 2011 y 2016, favorecida por la popularidad de su octogenario padre, quien cumple una condena de 25 años por violaciones de los derechos humanos.
Pero su actitud belicosa y las acusaciones de corrupción mermaron su influencia, lo que tuvo un alto costo para Fuerza Popular, que había ganado 73 bancas de 130 en los comicios de 2016, pero los redujo a 15 en los comicios parlamentarios extraordinarios del pasado 26 de enero.
Antes de ser enviada a la cárcel el 29 de enero pasado, Keiko había estado en prisión 13 meses por la misma causa. Estuvo libre apenas dos meses, antes de que la justicia aceptara una nueva petición de prisión preventiva presentada por la fiscalía.
El escándalo de pagos ilegales de Odebrecht a políticos peruanos implica a cuatro expresidentes peruanos y a decenas de funcionarios de varios gobiernos.
El dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó el 17 de abril de 2019, cuando iba a ser detenido, mientras que Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) tuvo que renunciar por este escándalo y está en arresto domiciliario.
Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa estuvieron nueve meses presos, y ahora esperan juicio.
El también exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), detenido en Estados Unidos desde julio de 2019 por un pedido de extradición a Perú, obtuvo recientemente arresto domiciliario, al alegar que podía contraer la COVID-19.
Exjefes de Odebrecht colaboran con la justicia desde 2017 y han aportado testimonios y pruebas contra los políticos peruanos.
