En un giro histórico, la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra cometidos durante los 13 meses de ataque de Israel en Gaza.
Este anuncio, calificado por defensores de los derechos humanos como un “punto de inflexión”, rompe con la percepción de que algunos líderes están fuera del alcance de la ley. Según Balkees Jarrah, director asociado de justicia internacional en Human Rights Watch, “estas órdenes deberían finalmente impulsar a la comunidad internacional a abordar las atrocidades y garantizar justicia para todas las víctimas en Palestina e Israel”.
La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, instó a los líderes de derechos humanos a “trabajar juntos para mantener viva la llama de la rendición de cuentas”. La organización israelí de derechos humanos B’Tselem también exhortó a “todos los Estados partes” a respetar la decisión y “hacer cumplir las órdenes”.
Según Medical Aid for Palestinians (MAP), el anuncio de la CPI “debe ser un punto de inflexión para Gaza y la región en general”, ya que las “constantes violaciones de Israel contra los palestinos se han visto envalentonadas por décadas de impunidad”.
Más de 44.000 palestinos han muerto desde que Israel lanzó su campaña bélica después del 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Salud del enclave. Ahora, la comunidad internacional tiene la oportunidad de romper con este ciclo de violencia y exigir rendición de cuentas.
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