En la reunión de una red de usuarios de drogas duras, pequeñas dosis que han sido examinadas en busca de adulterantes son repartidas, en Vancouver (Canadá), este 31 de enero.
Canadá da un paso importante en materia de drogas duras. Este martes ha entrado en vigor una exención a la ley federal para permitir la posesión para uso personal de pequeñas cantidades de ciertas sustancias en la Columbia Británica. La medida, aprobada por el ministerio de Salud de Canadá y solicitada por el Gobierno de esa provincia, tiene como objetivo privilegiar un enfoque basado en la salud pública y en la reducción de estigmas por encima de uno de corte punitivo. “En vez de tratar a estas personas como delincuentes, se les dará cuidado y compasión. Tendrán acceso a información”, indicó este lunes en rueda de prensa Jennifer Whiteside, ministra de Salud Mental y Dependencias de Columbia Británica.
Países como Portugal y Estonia ya habían optado por medidas similares. En el caso canadiense, no es casualidad que la puesta en marcha de este proyecto piloto, que tendrá una duración de tres años, se lleve a cabo en la provincia ubicada en la costa del Pacífico. Columbia Británica es considerada el epicentro de la crisis de muertes por sobredosis que golpea al país norteamericano. Desde abril de 2016, cuando la provincia declaró el Estado de urgencia sanitaria por este flagelo, más de 11.000 personas han perdido la vida, principalmente por el consumo de opioides. El abuso de drogas es la principal causa de muerte no natural en Columbia Británica
De acuerdo con la disposición, los ciudadanos mayores de 18 años podrán poseer para consumo personal un máximo de 2,5 gramos de cocaína, metanfetamina, MDMA y ciertos opiáceos (como heroína, fentanilo y morfina). La policía no podrá confiscar dichas sustancias y los consumidores estarán a resguardo de multas, arrestos o acusaciones. A cambio, recibirán información sobre un abanico de recursos sociosanitarios a su disposición.
Dave Hamm, que trabaja con la Red de Consumidores de Drogas del Área de Vancouver, pesa una piedra de cocaína. JENNIFER GAUTHIER (REUTERS)
Más de dos tercios de los agentes policiales en la provincia ya han recibido formación sobre este novedoso enfoque. Fiona Wilson, vicepresidenta de la Asociación de jefes de policía de Columbia Británica, dijo que la despenalización es un elemento importante para alejar a las personas que consumen drogas de la esfera judicial y marginal para dirigirlas hacia los servicios de atención social. Además, se ha contratado a personal que ejercerá de enlace entre los agentes de seguridad y el sistema sanitario y se ha aumentado el número de centros especializados para prestar apoyo. En su último presupuesto, Columbia Británica ha destinado 430 millones de dólares canadienses (unos 320 millones estadounidenses) para luchar durante los próximos tres años contra esta crisis. Asimismo, habrá una campaña de información destinada a la población general y que explica las bases y el concepto de la despenalización.
“A través de esta exención, podremos reducir el estigma, el miedo y la vergüenza que siente la gente que consume drogas y ayudar a más personas a acceder a apoyos y tratamientos que pueden salvar vidas”, declaró la ministra federal de salud mental y dependencias, Carolyn Bennett. Sin embargo, Bennett recalcó que seguirán siendo ilegales las actividades de producción, tráfico, importación y exportación de estas sustancias.
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El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, había señalado en distintos momentos que la despenalización de algunas drogas duras no estaba contemplada. No obstante, la cifra de decesos en aumento y los argumentos presentados por Columbia Británica hicieron que Ottawa cambiara de parecer, anunciando el pasado junio la exención que entró en vigor este martes. Una condición que impusieron las autoridades federales fue permitir la posesión de 2,5 gramos en vez de los 4,5 solicitados inicialmente. La ciudad de Toronto ha presentado una petición para obtener una autorización similar. Una encuesta efectuada en Canadá por la firma Research Co. el pasado octubre arrojó que el 40% de los consultados apoyaba la idea de despenalizar todas las drogas para uso personal. Un año antes, la opinión era del 33%.
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