Tras el fin del Título 42, ¿qué pasa con las fronteras y la inmigración en EE.UU.?
La implementación del llamado Título 42, una restricción fronteriza de salud pública que empezó a regir desde la pandemia de covid-19, terminó este jueves. Su final altera significativamente la política migratoria de varios años en Estados Unidos, mientras crece la amenaza de que se desate un caos, a medida que miles de migrantes se fueron reuniendo en la frontera con México.
El Título 42 permitió a las autoridades durante algunos años rechazar rápidamente a los inmigrantes en las fronteras de EE.UU., aparentemente para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Pero eso cambió este jueves a las 11:59 p.m, cuando la emergencia de salud pública y el Título 42 caducaron.
Estos podrían ser los impactos en los cruces fronterizos después de que la implementación de esta política termine.
El Título 8 volvió a entrar en vigor
El Título 42 permitía a las autoridades fronterizas rechazar rápidamente a los migrantes que fueran encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México, a menudo privándolos de la oportunidad de solicitar asilo y reduciendo drásticamente el tiempo de procesamiento en la frontera. Pero el Título 42 no contemplaba amplias consecuencias legales para los migrantes que cruzan, lo que significaba que podían intentar cruzar nuevamente múltiples ocasiones, al no enfrentar repercusiones.
Ahora que terminó la aplicación del Título 42, el gobierno de EE.UU. vuelve a implementar una norma de décadas de antigüedad, conocida como Título 8, sobre la cual el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que tendrá consecuencias “más graves” para los inmigrantes que ingresan al país sin una autorización legal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) enfatizó repetidamente durante los últimos meses que los migrantes detenidos bajo la autoridad del Título 8 pueden enfrentar un proceso de deportación rápida, conocido como “expulsión acelerada”, y una prohibición de reingreso durante al menos cinco años. Aquellos que hagan intentos posteriores de ingresar a Estados Unidos podrían enfrentar un proceso penal, según el DHS.
