Está visto que cuando se trata del aborto, las sagradas costumbres del Tribunal Supremo corren un riesgo mayor de saltar por los aires, y con ellas, la tranquilidad de la más alta instancia judicial de Estados Unidos.
Si hace dos años una filtración histórica permitió saber con meses de antelación que sus nueve magistrados estaban listos para tumbar el precedente de Roe contra Wade, que garantizó en 1973 la protección federal al aborto en todo el país, la publicación por error este miércoles de un archivo en la web del Supremo acabó con la espera sobre la decisión del caso Moyle contra Estados Unidos. En este, los jueces se cuestionaban si las urgencias de un hospital son un espacio de excepción a la prohibición de Idaho de practicar un aborto en los casos en los que esté en juego la salud de la paciente.
El archivo fue público solo durante unos pocos minutos, suficientes para que llegara a manos de los reporteros de Bloomberg. El documento, que aparentaba estar pendiente de revisión y lucía un formato que no es el habitual de las opiniones del Supremo, desapareció al poco de la web de la institución, el lugar en el que sus fallos se difunden entre las 10.00 y las 11.00 de los días previstos para ello (este miércoles era uno de esos días). Tras un rápido vistazo a su contenido, la agencia de noticias lanzó un urgente: “El Supremo se inclina por permitir abortos de urgencia en Idaho”, decía el titular, al que seguía un breve texto sin mucha más información.
El jueves llegó la sentencia definitiva y no registraba cambios sobre el texto conocido el día anterior. El acuerdo refleja una votación de seis votos a favor (los de las tres jueces liberales, sumados a los de tres de los seis conservadores), y tres en contra (Samuel Alito, redactor del fallo que tumbó Roe, Clarence Thomas y Neil Gorsuch).
Un aplazamiento
¿Los motivos de la mayoría? No pueden interpretarse precisamente como una victoria del movimiento en favor del derecho al aborto, porque la argumentación se limita a entender que el Supremo no debería haber aceptado en el caso tan rápidamente y restablece la orden de una instancia inferior que permitió a los hospitales del Estado realizar abortos de emergencia por motivos de salud. “La decisión de hoy no es una victoria para las pacientes embarazadas en Idaho. Es un aplazamiento”, escribe Ketanji Brown Jackson en una opinión concurrente.
La oficina de relaciones públicas del Supremo reaccionó al embrollo con un comunicado que reconocía el desliz: “La unidad de publicaciones del tribunal, sin darse cuenta y brevemente, subió un documento al sitio web”, según Patricia McCabe, una de sus agentes de prensa. “La opinión en [el caso] Moyle contra Estados Unidos e Idaho contra Estados Unidos se emitirá a su debido tiempo”.
El curso judicial del Supremo está a punto de terminar, y, en principio, solo quedan los días del jueves y el viernes para publicar los últimos fallos. El más esperado es el que resolverá si a Donald Trump, que nombró tres magistrados mientras estaba en la Casa Blanca, le asiste o no la inmunidad total por los hechos que llevaron al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
El origen del caso de Idaho está en una demanda de la Administración de Joe Biden que buscaba la prevalencia de una ley federal ―EMTALA son sus siglas en inglés y regula el trabajo y las facultades de los médicos de urgencias― sobre la norma estatal de Idaho, una de las más restrictivas del país para la libertad y la salud reproductiva de las mujeres.
Para el demandante Mike Moyle, presidente de la Cámara de Representantes de Idaho, esa pretensión de la Administración de Biden es “un ejercicio de poder ejecutivo puro”, y “un intolerable exceso de poder federal”. Para Washington, supuso más bien un resquicio por el que resquebrajar el frente antiabortista que se ha extendido ya por todo el Sur, amplias zonas del Medio Oeste, y algunos Estados del Oeste del país.
Este lunes hizo dos años de la histórica decisión del Supremo que derogó el precedente de Roe contra Wade, y devolvió a los Estados la facultad para legislar sobre el tema. Desde entonces, 14 (Idaho entre ellos) han prohibido totalmente un derecho que las mujeres de este país dieron por descontado durante medio siglo.
Si la decisión del Supremo termina siendo la que avanza el borrador, esta podría tener efectos sobre todos esos lugares, donde los médicos de urgencias pasarían a tener permiso para practicar interrupciones de embarazos en determinadas circunstancias. En estos dos últimos años se han multiplicado los casos de mujeres embarazadas rechazadas en salas de emergencias de esos Estados. EMTALA exige a los hospitales que aceptan Medicare que brinden atención para estabilizar a la paciente, independientemente de si esta puede o no pagar por el tratamiento.
La involuntaria difusión de este miércoles del fallo de Idaho llega dos semanas después de otra sentencia del Supremo, cuyos magistrados votaron unánimemente por mantener el acceso sin restricciones a la mifepristona, popular medicamento que concursa, junto a otro llamado misoprostol, en un 63% de las interrupciones del embarazo que se practican en el país, según datos del Instituto Guttmacher.
Los jueces del alto tribunal justificaron de nuevo su fallo por una cuestión técnica y sin entrar al fondo del asunto: entendieron que la asociación de médicos cristianos antiabortistas tras el caso, creada ex profeso para lanzar la cruzada judicial contra la agencia del medicamento (FDA), no cumplía el requerimiento legal de haber sufrido un perjuicio suficiente para estar autorizada a demandar.
