El área donde se encuentra Disney World en Florida es materia de la disputa entre la empresa y Ron DeSantis.
Se intensifica el pulso entre Disney y el gobernador de Florida. La empresa ha informado este miércoles que ha iniciado acciones legales en contra de Ron DeSantis por una “campaña de represalias” dirigida al gigante del entretenimiento por su oposición a la ‘ley no digas gay’, una de las principales legislaciones del republicano. El mandatario redobló su apuesta por someter a la compañía cuando nombró a cinco funcionarios en el órgano que supervisa el distrito donde opera la empresa desde los años sesenta.
La demanda se ha presentado esta mañana en Tallahassee, la capital de Florida, un Estado que sirve de base de operaciones a la compañía fundada por Walt Disney. Los abogados de la empresa pusieron en marcha la ofensiva legal minutos después de que los cinco integrantes nombrados por DeSantis votaran para dejar sin efecto un plan acordado en febrero que dejaba en manos de Disney los planes de construcción y rediseño de los parques temáticos.
“La acción de este Gobierno es claramente de desquite, abiertamente antiempresarial e inconstitucional”, afirma la queja puesta ante una corte federal. La empresa, la principal empleadora de Florida, pide al tribunal que declare ilegales las acciones de los cinco integrantes del órgano de Gobierno del Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, un área de algo más de 100 kilómetros cuadrados cerca de Orlando.
De la oficina de DeSantis ha salido un mensaje poco conciliador. “No sabíamos que las empresas tuvieran el derecho de operar su propio Gobierno o mantener privilegios especiales que no tienen otros negocios”, ha señalado Taryn Fenske, la encargada de comunicación del político republicano. “La demanda es otro ejemplo desafortunado de su esperanza por socavar la voluntad de los votantes de Florida y actuar fuera de la ley”, añadió la funcionaria en un comunicado.
El litigio abre un nuevo capítulo en la batalla entre DeSantis, aspirante a la nominación republicana a la Casa Blanca en 2024, y Disney. La empresa lleva varios meses desarrollando varias estrategias para quitar poder al órgano nombrado a dedo por el político y que sustituyó a una junta de supervisores del distrito Reedy Creek Improvement, que tenía varios beneficios fiscales, y cuyos integrantes eran designados por la compañía desde 1955.
En febrero, Disney compareció frente a Reedy Creek para asegurarse de tener los apoyos suficientes para la batalla que se divisaba con el poder local. La empresa logró en una de las últimas asambleas del grupo el respaldo necesario a sus planes de construcción, derechos de vía y uso de suelo por los próximos 30 años, un periodo en el que pretende expandir su parque más rentable, Disney World, y construir vivienda social para sus trabajadores.
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El Congreso local, en manos de los republicanos, facilitó el camino para que DeSantis pudiera crear el órgano especial pocos días después de aquella asamblea. “El reinado corporativo ha llegado a su fin”, dijo el gobernador el 27 de febrero, fecha en que firmó la normativa para que entrara en vigor. En aquel evento citó incluso a Toy Story: “Hay un nuevo sheriff en este pueblo y la obligación de rendir cuentas será prioridad”.
Los miembros del Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central se quejaron entonces de las maniobras de Disney para restarle fuerza y minar su autoridad. La estrategia de la compañía había reducido su papel a vigilar el estado de las calles dentro del área y aprobar cambios mínimos a la infraestructura vigente. Los cinco miembros contrataron a un despacho de abogados para dejar sin efecto los acuerdos a los que había llegado Disney para asegurar su futuro.
“Queríamos trabajar junto con ellos, pero Disney decidió que no querían trabajar con nosotros. Era su manera de hacer las cosas o ninguna”, dijo hace una semana Martin García, quien ocupa uno de los asientos nombrados por DeSantis. “Nuestros abogados nos han dicho que Disney ha creado un desastre legal absoluto. No le funcionará”, aseguró.
DeSantis ha sugerido que su Gobierno podría aprobar una prisión dentro del área en disputa y que en las próximas semanas reforzará la vigilancia sobre los juegos que administra Disney dentro de su parque, además del monorriel que emplea para transportar turistas.
La lucha entre las partes comenzó por la presentación de una de las leyes estrella de DeSantis, que prohíbe enseñar identidad de género o sexual en los primeros años de educación básica. La medida ha sido criticada duramente por los colectivos de derechos humanos. A pesar de que Disney guardó silencio en los primeros días de su aprobación, una revuelta interna en la compañía de entretenimiento llevó a fijar una postura de rechazo. El gobernador no perdonó que la empresa alzara la voz. La semana pasada redobló su apuesta extendiendo la prohibición a todos los grados de escolaridad. Ahora también aprieta en su gran cruzada antiwoke.
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