El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, señaló este lunes a Sonia Vargas Terrero, quien actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de firmar contratos millonarios en su cargo en la Policía Federal como parte de una “trama de corrupción” vinculada al exsecretario Genaro García Luna.
Sigue leyendo: Aplazan al 27 de septiembre la sentencia contra García Luna en Nueva York por solicitud de la defensa
“En la Policía Federal en el gobierno de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos”.
“Todos los contratos fueron hechos en dólares, ningún contrato cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional”, afirmó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Gómez Álvarez aseguró que las erogaciones realizadas por Vargas Terrero y otros exfuncionarios como Rodrigo Esparza, comisionado de la Policía Federal Preventiva; Facundo Rosas, comisionado general de la Policía Federal y Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional, entre otros, se hicieron a un conglomerado en Estados Unidos.
“Todas estas erogaciones que se hicieron a una sola holding, a un conglomerado, a un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López (…) que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos, desde luego los primeros”, indicó.
El funcionario federal dijo que los contratos están relacionados con sistemas de rastreo y localización de redes celulares de la empresa Nunvav y otras firmas que integran el mismo consorcio, firmados tanto en el gobierno de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto.
“Las personas que he mencionado están dentro de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, no son personas desconocidas para la fiscalía, están sujetas a una investigación, pero no solamente eso, sino que no se trata en este caso de cualquier ilícito o de cualquier conducta”.
“Estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción cuyo resultado económico está siendo reclamado por México y nosotros esperamos que toda esta trama se abra en juzgado penal mexicano, que creo que debió haber ocurrido eso, pero estamos insistiendo”, señaló Pablo Gómez.
El mandatario López Obrador afirmó el pasado viernes en su conferencia matutina que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña Hernández, contrató a Sonia Vargas Terrero, quien, dijo, se desempeñó como directora en la Policía Federal con García Luna y se encuentra en investigación.
“Si funcionara el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues ellos tendrían que estar viendo esto, de cómo se va a contratar en el Poder Judicial a quien está acusada por firma de contratos ilegales, inmorales en la época de García Luna. Cómo el Poder Judicial va a contratar a esta señora”, indicó.
