La polémica reforma energética de México ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, marcando un giro significativo en el panorama del sector. Luz Elena González, Secretaria de Energía, ha explicado que esta iniciativa no cierra la puerta a la inversión privada, sino que la regula y motiva de manera ordenada.
Según González, el objetivo principal es que el 54% de la generación eléctrica del país sea suministrada por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fortaleciendo así la planeación del sector y garantizando el abasto y la confiabilidad. El 46% restante quedará en manos de la iniciativa privada, pero con reglas claras para una participación ordenada.
“Buscamos despachar primero la energía de la CFE antes que la de los privados”, explicó Arturo Carranza, experto del sector energético. “Esto sentará bases claras y previsibles sobre el papel que jugarán la CFE y los privados para satisfacer la demanda eléctrica”.
Además, Pemex y la CFE dejarán de regirse por el derecho mercantil y se convertirán en Empresas Públicas del Estado, con el objetivo de velar por el bienestar de todos los ciudadanos. Esto podría representar riesgos, como la posibilidad de que operen con pérdidas, por lo que el Poder Legislativo deberá ser cuidadoso en la redacción de la legislación secundaria.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado que se mantendrán los subsidios a las tarifas eléctricas, con el fin de que el costo de la energía no aumente en términos reales. Además, se definirán reglas claras para la inversión privada y se realizarán ajustes en los próximos 180 días.
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