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martes 26 septiembre, 2023

Nuevo choque de López Obrador con Norma Piña por los presupuestos: “Ya es mucho el cinismo de la presidenta de la Corte”

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Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de Palacio Nacional. Mario Jasso (CUARTOSCURO)

El pulso entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el poder judicial parece ser una serie que se va contando en nuevas temporadas y episodios. La más reciente batalla se ha originado por el presupuesto público requerido por los jueces para el ejercicio fiscal 2024. El lunes, la cabeza del poder judicial y presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, informó de que se solicitará a la Cámara de Diputados una asignación presupuestal de 84.792 millones de pesos. La ministra dijo que el correcto funcionamiento del aparato judicial depende de la suficiencia de recursos, y se pronunció contra cualquier intento de “asfixia presupuestal”, anticipándose a un posible recorte desde el Legislativo, de mayoría oficialista. López Obrador, que profesa la “austeridad republicana” en el gasto público, ha considerado que la petición presupuestal es excesiva, y ha reavivado sus críticas contra el Supremo. “Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidenta, por eso son predecibles”, ha dicho este martes en su conferencia diaria.

El 80% del presupuesto requerido por el poder judicial es para el pago de sueldos de jueces y personal operativo; 18% para gasto corriente, y el restante 2% para inversiones físicas. El monto solicitado para el próximo año ha aumentado un 4% respecto del presupuesto asignado para este 2023, por un ajuste inflacionario. La ministra Piña detalló que en el poder judicial trabajan 55.800 personas (8 de cada 10 hacen trabajo jurisdiccional), y que se resuelven 1,8 millones de asuntos al año. Para 2024 se tiene proyectado crear seis centros de justicia penal, 22 tribunales laborales federales y crear el Instituto Federal de Justicia Alternativa. “La asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1,8 pesos diarios por mexicano”, expuso la ministra. “La consecuencia directa de asfixiar, a través de un recorte presupuestal, al poder judicial federal es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”, agregó.

López Obrador ha asegurado que el poder judicial cuenta con un fideicomiso de 20.000 millones de pesos “para tener reservas y financiar todos sus excesos”. “Ayer [en la conferencia] dije que era tal la prepotencia y el cinismo en el poder Judicial, que eran capaces de no respetar el mandato constitucional, y que, si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que, dicho sea de paso, está excedido, no es que les haga falta, tienen de más, […] no me va a extrañar que no respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando, con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos, porque ellos representan a una minoría rapaz, ellos no representan al pueblo, no hay nada que hagan a favor del pueblo, están ahí para defender a los grupos del poder económico, para eso están y es muy claro”, ha dicho hoy el presidente.

El señalamiento anticipado de que los ministros podrían no respetar “el mandato constitucional” si los diputados no autorizan al poder Judicial el presupuesto tiene origen en una declaración de ayer de la ministra Piña. La jueza refirió que la Constitución establece controles y límites para que se garantice el acceso de los ciudadanos a la justicia, y apeló al poder de la Suprema Corte para hacer cumplir esa disposición. “Desde el poder Judicial federal reiteramos nuestro compromiso con México, no solo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para, así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”, dijo Piña.

La declaración fue interpretada como una amenaza “siciliana” por parte del coordinador de Morena, el partido oficialista, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. “Parecería que la intención de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que, si no se les autorizan los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México”, declaró el lunes. “¿De qué se trata? ¿Qué mensaje quiere enviar al Legislativo? ¿Qué, si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otro de los poderes?”, cuestionó.

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