En un giro controversial, el Congreso de la Unión se prepara para discutir y posiblemente aprobar una iniciativa que busca incorporar a la Guardia Nacional (GN) a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta propuesta, que forma parte del llamado “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado gran preocupación entre organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Según el Centro Prodh, la reforma busca eliminar la “garantía orgánica” que obliga a las instituciones de seguridad pública a tener carácter civil, lo que podría significar un “paso sin retorno hacia la militarización”. Además, la iniciativa plantea que los elementos de la GN puedan ser juzgados por tribunales militares, incluso cuando intervengan en asuntos de seguridad pública.
El Centro Prodh advierte que esta reforma va más allá de la Guardia Nacional, pues también propone modificar el Artículo 129 de la Constitución, el cual limita las funciones militares en tiempos de paz. Esto, según la organización, “contraviene lo establecido” y generará un “aumento del poder militar” sin que se diseñen controles civiles adecuados.
“El aumento del poder militar que generará esta reforma es innegable. Va más allá de la Guardia Nacional sin que se estén diseñando controles civiles externos y extraordinarios como dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluye el Centro Prodh, haciendo un llamado a que esta reforma no sea aprobada.
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