En un giro dramático, el Gobierno de México ha ordenado suspender los salarios de los trabajadores públicos que se unan a la huelga contra la polémica reforma judicial. Esta medida, anunciada por la Secretaría de Hacienda, ha encendido aún más las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
El presidente López Obrador ha intentado calmar los ánimos, asegurando que no habrá despidos. Sin embargo, su gobierno mantiene una postura firme, calificando la huelga como “ilegal” y advirtiendo que el bloqueo de los tribunales podría acarrear sanciones disciplinarias.
Por su parte, los jueces y magistrados han denunciado que la reforma judicial es “una amenaza extrema” para la independencia del sistema de justicia. Más de 1,200 de ellos se han unido al paro parcial en casi una veintena de estados, paralizando el acceso a la justicia en el país.
“La reforma no solo es una amenaza para la justicia y la estabilidad del país, nos encamina a una crisis constitucional sin precedentes”, advierte la portavoz de la JUFED, la jueza Juana Fuentes Velázquez.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la reforma es necesaria para combatir la corrupción en el Poder Judicial. Sin embargo, los trabajadores en huelga se mantienen firmes en su posición: “Reforma sí, pero no así”.
¿Logrará el Gobierno imponer su agenda o cederá ante la presión de los jueces? Sigue de cerca esta batalla por el futuro de la justicia en México, solo en N24.
