En un giro dramático, los jueces y magistrados federales de México se han unido a un paro indefinido de labores, desafiando la polémica reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa, que busca elegir a los juzgadores por voto popular, ha generado una tormenta de controversia y preocupación entre los inversionistas.
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de México, encabezada por la jueza Juana Fuentes, ha liderado esta huelga histórica, denunciando que la reforma “amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta nuestro Estado de derecho”. Mientras tanto, el presidente AMLO ha defendido la medida, acusando a algunos jueces de corrupción.
La batalla se libra en varios frentes. Por un lado, el bloque oficialista ha alistado el proyecto de dictamen de la reforma, que incluye cambios como la elección de jueces por voto directo y la eliminación del sistema meritocrático de ascensos. Por otro, los trabajadores del Poder Judicial han cerrado oficinas en varios estados para protestar.
Analistas advierten que esta confrontación podría tener graves consecuencias para la independencia del sistema judicial mexicano, un pilar fundamental para la confianza de los inversionistas. Mientras tanto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha expresado su apoyo a la propuesta de AMLO, lo que agrega más tensión a este delicado equilibrio.
¿Logrará el gobierno convencer a los jueces de aceptar la reforma? ¿O se impondrá la defensa de la autonomía judicial? El futuro del Estado de derecho en México está en juego en esta épica batalla.
