La investigación de MCCI, publicada este lunes, detalla que sí bien, en la declaración que el general Sandoval hizo pública en mayo de 2022, decidió no informar sobre la adquisición del departamento, en una copia de la declaración completa con fecha del 17 de febrero de 2020, aparece que Alejandra Aguilar Solórzano fue quien le transmitió la propiedad al titular de la Sedena.
Fue así que MCCI también comprobó que Aguilar Solórzano es además accionista de “Protective Materials Technology SA de CV”, proveedora de la Sedena en la actual administración federal.
Según se reporta, Aguilar Solórzano y a su hermana Elisa, son hijas de Alfredo Aguilar Amezcua, un militar retirado que ha fungido como apoderado de la compañía y quien recibe una pensión de alrededor de 20,000 pesos mensuales por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
“Pese al bajo perfil que suelen manejar los militares, Aguilar Amezcua ha fungido como presidente de la Coalición de Colonos de la Zona Esmeralda, integrada por 16 fraccionamientos considerados los de mayor plusvalía en el Estado de México, en los límites con el nor-poniente de la Ciudad de México”, señala la investigación de MCCI firmada por Verónica Ayala y Raúl Olmos.
La investigación apunta que Alejandra Aguilar, vendedora del departamento de Sandoval, no solo es la accionaista sino también representante legal de la empresa a la que la Sedena le otorgó un contrato por 319.4 millones de pesos pesos para el abastecimiento de 48,000 juegos de placas balísticas.
La asignación de dicho contrato fue por licitación pública, el procedimiento tuvo irregularidades, como la participación de postores de dos empresas con vínculo comercial y la supuesta incapacidad de la empresa ganadora para cumplir con el contrato, pues si si bien se había programado la entrega de las placas balísticas para el 10 de junio de 2022, la empresa incumplió con dicho acuerdo.
