Por considerarlo insuficiente, la dirección republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU) rechazó el acuerdo pactado entre senadores republicanos para imponer una serie de restricciones migratorias en la frontera. Uno de los críticos más duros de esto fue Donald Trump, quien se perfila para ser el próximo candidato presidencial de esa fuerza política.
“Los republicanos de la Cámara nos oponemos al proyecto de ley migratoria porque no cumple con ninguna de las políticas necesarias para proteger nuestra frontera”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.
Cualquier consideración del proyecto de ley en el Senado, señalaron, es una “pérdida de tiempo”, ya que el acuerdo “morirá al llegar a la Cámara”.
Tras semanas de negociaciones, en las que participaron miembros de la Casa Blanca, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y un grupo de senadores de ambos partidos, se hizo público el pacto que permitiría imponer restricciones migratorias y aprobar nueva ayuda militar para Ucrania.
El texto permitía al Gobierno federal limitar el acceso al asilo cuando se registren cuatro mil cruces diarios durante siete días consecutivos. A su vez, elevaba los requisitos para poder solicitar asilo en EU.
Defensores de migrantes rechazan nueva ley de seguridad fronteriza
Defensores de los migrantes rechazaron ayer el proyecto de ley de control fronterizo que se pondrá a votación esta semana en el Senado estadounidense al considerarlo “un retroceso” a las políticas fallidas del Gobierno de Trump que además deja por fuera a los indocumentados que llevan años en el país.
La iniciativa migratoria bipartidista que se pondrá en votación el próximo miércoles en la Cámara Alta es parte de un paquete de ayuda militar de más de 118 mil millones de dólares, que incluye fondos para Ucrania, Israel y Taiwán, que se estuvo negociando desde octubre pasado y cuenta con el respaldo de la Casa Blanca.
La mayoría de críticas se concentran en advertir que el proyecto reviviría las políticas migratorias de Donald Trump (2017-2021) ya que hace más difícil solicitar asilo y autoriza al Gobierno expulsar a los extranjeros cuando el número de aquellos que cruzan la frontera supere los umbrales establecidos.
La Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU), que encabezó la mayoría de batallas legales contra el Gobierno de Trump, dijo en un comunicado que este acuerdo “obligaría al Gobierno a expulsar a personas de la frontera sin el debido proceso, restringiendo las vías legales para las personas que más las necesitan”.
“La deportación sin el debido proceso fue el experimento desastroso de la Administración Trump que nunca debería repetirse, y mucho menos usarse como modelo para una política fronteriza permanente”, señaló Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU.
El plan hace más difícil la solicitud de asilo y agiliza los procesos en las cortes de inmigración, que mantiene un atasco de más de tres millones de casos. También pone fin a la práctica conocida como “detención y liberación”, bajo la cual los solicitantes de asilo son dejados en libertad a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración.
EFE
Buscan desmantelar el sistema de asilo
Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, en inglés) considera que el proyecto es el “último intento de desmantelar el sistema de asilo” y tampoco propone nada para abordar las causas fundamentales de la migración.
Los críticos también alertan que se ha dejado en el olvido a los más de 11 millones de indocumentados que Biden prometió respaldar. “Este acuerdo tampoco cumple con años de promesas de implementar reformas que proporcionen vías hacia la ciudadanía para los ‘soñadores’ y otros residentes de larga duración”, coincidió Romero.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) dijo que las pocas disposiciones positivas “no ofrecen ningún respiro”.
EFE
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