Tijuana.- Desprotegidos por autoridades estatales y federales, los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado trataban de seguir sus vidas con normalidad pese a la amenaza que pendía sobre ellos; según líneas de investigación, no los asesinaron delincuentes comunes, sino sicarios ligados al Cártel Arellano Félix (CAF).
Ambos dijeron públicamente que estaban en riesgo, lo que incluyó su actividad profesional, pero sólo hasta que criminales organizados los mataron, sus casos recibieron “atención prioritaria” de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ALIANZA DE MEDIOS MX ofrece un panorama de estos crímenes que autoridades se han comprometido a esclarecer a través de la creación, por primera vez en los tres años de gobierno de López Obrador, de un grupo de alto perfil para dar con los autores intelectuales y materiales.
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Periodistas, en la mira de la delincuencia y del poder
Aquí en Tijuana, los reporteros están en una delgada línea en la que lo mismo pueden ser agredidos por el poder político, que por la delincuencia que los ha infiltrado con “halcones”, particularmente en coberturas de hechos delictivos.
En el caso de la autoría intelectual del homicidio de la periodista, el exgobernador, Jaime Bonilla, es una de las líneas de investigación, tanto de la fiscalía estatal, como del grupo de inteligencia federal, debido al litigio laboral entre su empresa y la comunicadora.
Bonilla sostiene su inocencia, “tener la mente y conciencia tranquilas” y asegura que durante sus dos años de gobierno a ella le brindó protección personal las 24 horas, lo que, destaca, no sucedió en esta administración de Marina del Pilar.
Pero desde su perspectiva, Lourdes “buscaba los reflectores” y fue utilizada como parte de una estrategia para golpearlo políticamente.
Este es el sitio donde Margarito Martínez murió de tres disparos de arma de fuego.
Lamenta su fallecimiento, sin embargo lo califica de “daño colateral” de esta campaña que inició, según él, antes de que fuera gobernador y de la cual acusa a “poderes fácticos” de Baja California, entre quienes desliza al empresario y ex alcalde tijuanense, Jorge Hank.
Un día antes de ser acribillado, el fotoperiodista sonreía porque ganó la apuesta a su compadre en partido de la NFL. El lunes 17 de enero, después de mediodía, su esposa le escuchó decir: “voy a un 5 bravo” (cobertura de persona baleada), salió de su casa y vinieron tres detonaciones.
Lourdes preparaba una investigación por probables actos de corrupción del anterior gobierno estatal.
Cuentan personas cercanas a Margarito que el trámite burocrático lo desanimó a inscribirse de inmediato en alguno de los mecanismos de protección a periodistas, luego de que fue colocado en la mira criminal por la acusación del “facebookero” Ángel Peña, quien lo responsabilizó de manejar las páginas “Tijuana en Guerra” y “Quemando Malandros”, cuyo contenido revela en redes sociales imágenes y actividades de narcotraficantes y delincuentes, exponiéndolos públicamente.
Lourdes no tenía escolta personal ni vigilancia policiaca permanente por parte del gobierno estatal, sólo contaba con “botón de pánico” en su casa y de manera intermitente era visitada por la policía.
Desde 2021 estaba en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de Baja California, pero resultó inútil porque el 23 de enero un matón le disparó un tiro a bocajarro y recogió el casquillo para evitar que el arma fuera rastreada como sucedió con Margarito.
En las dos investigaciones, las líneas también incluyen problemas personales: Margarito por un conflicto con vecinos de una familia de galleros sinaloenses a los que acusaba de despojarlo de parte de su terreno; Lourdes por una disputa sobre la posesión de su casa.
El homicidio de los dos comunicadores, más allá del móvil, trastocó la libertad de expresión y reveló la ineficacia de los mecanismos de protección a periodistas no sólo en Tijuana, sino en el país.
Ataque directo al ejercio periodístico
Adela Navarro, directora de Semanario Zeta, acostumbrada a revelar información sensible sobre narcotráfico, corrupción y redes de poder, afirma que los dos asesinatos son un ataque directo contra el ejercicio periodístico.
A diferencia de otros homicidios en el gremio, la respuesta gubernamental por Martínez y Maldonado, perpetrados con seis días de diferencia, afuera de sus domicilios y con disparos en la cabeza, llevaron a la creación “fast track” de un grupo especial “interinstitucional” supuestamente para no dejarlos impunes.
Funcionarios revelaron que el procesamiento de datos “sensibles” está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional, militares y marinos, ante la desconfianza de “fuga de información” en las corporaciones del estado.
Por la muerte de Maldonado han sido detenidos tres sujetos que, de acuerdo con los avances de la investigación, pertenecen al CAF; con la indagatoria en curso y la presión encima, el fiscal estatal, Ricardo Iván Carpio, apresuró a decir el 9 de febrero que el crimen no está relacionado con su actividad profesional, aunque tampoco definió el móvil.
En sus oficinas de PSN, Jaime Bonilla, suelta: “No tenemos ningún interés en quitarle la vida a una persona porque ganó un laudo, eso es ridículo, es una locura, eso de que a una persona le debes dinero, ¡ah mátala!, ¿en qué mundo vivimos?”.
Manifiesta que el 19 de enero -cuatro días antes del asesinato- había dado instrucciones al abogado Héctor de Isla Puga para pagar a la comunicadora un millón 296 mil 362 pesos y cumplir el laudo que le resultó favorable el 2 de julio de 2021, cantidad que, asegura, entregará al o los beneficiarios.
A Lourdes Mendoza le dispararon afuera de su casa, donde sólo contaba con un “botón de pánico” y no tenía protección del gobierno.
Bonilla habla sobre Lourdes Mendoza
Bonilla dice que siempre quiso llegar a un acuerdo, pero ella siempre se negaba, por lo que cree que detrás de la demanda había un “escenario político” en que alguien la usó para “buscar los reflectores” y llevar su caso en 2019 ante el presidente López Obrador en la conferencia “mañanera”.
“Me ha preocupado mucho esta situación, porque perdió la vida una persona, pero a mí se me hace que ella fue víctima, alguien, de alguna manera la propició para que estuviera haciendo ese tipo de cosas y pues fue, ora sí que como dijo (Felipe) Calderón en una ocasión, daño colateral, sirvió a un propósito de hacer ese escándalo”.
Asegura que el gobierno de Marina del Pilar “menospreció” la seguridad para los periodistas, lo que en su administración no sucedió aun cuando su relación con la prensa no era buena.
“En mi gestión no hubo una sola agresión física y mucho menos una muerte de ningún reportero (…) ¿Qué falló?, no sé, dice el fiscal que no falló nada, pero hay dos personas asesinadas”.
Puntualiza que en su gobierno Lourdes tuvo protección personal las 24 horas pese al litigio con su empresa, debido a una denuncia por amenazas que ella interpuso por la disputa de una propiedad, por lo que si se relajó el protocolo quien debe una explicación es el fiscal Carpio.
Prosigue su defensa: “Involucrar, o sea pensar que un crimen de esta naturaleza se da por un laudo laboral es irrisorio, la periodista realmente nunca trabajó para la empresa, ella compraba tiempo aquí, y creyó que ese tiempo le causó cierta antigüedad, y de ahí vinieron las demandas”.
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¿Con Lourdes, tuvo relación personal, laboral?
“No, yo no la contraté, ella vino y compraba un tiempo aquí y vendía su publicidad, por cierto el Hipódromo (propiedad de Hank Rhon) era quien la patrocinaba, cuando ella deja de pagar es cuando se le dan las gracias, pero ella ya se sentía que era empleada”.
¿Por qué ese nivel de choque?
“No sé, buscó los reflectores, ella fue allá (conferencia “mañanera” del presidente), no sé yo quien le financió su viaje, la razón por la que fue a hacer esa manifestación allá. Muy ambigua, quién la motivó para que fuera y hacer videos constantes y ese tipo de cosas, siempre pensé que había una razón política para hacerlo”.
Indica que el abogado de Lourdes “era empleado de Hank, curiosamente aparece en el tema y empiezan los escándalos, entonces regresamos a los poderes fácticos, claro que yo no tengo ninguna prueba ni lo estoy acusando, ¿verdad?, nada más que soy muy mal pensando, qué casualidad que me considera su enemigo, porque él no es enemigo mío, yo lo considero una persona impresentable nada más”.
Eduardo Pérez Castro, abogado de Lourdes, revira que no tiene una relación personal con Hank Rhon. Afirma que de 2004 a 2007 laboró en el departamento jurídico del ayuntamiento de Tijuana, donde Hank Rhon estuvo más de un año como alcalde; pero cuando dejó el cargo para buscar la gubernatura del estado, se quedó con su sucesor hasta que concluyó la administración.
Adela Navarro, directora de Zeta, no duda: “Los homicidios de Margarito y Lourdes son ataques deliberados para la prensa, los dos eran figuras muy públicas, los dos con similar modo en el crimen y sí se considera un ataque a la libertad de expresión”.
Aprovecharon asesinato de Margarito para matar a Lourdes
Abunda que los autores intelectuales y materiales aprovecharon el asesinato de Margarito para matar a Lourdes
“Cuando asesinan a Margarito investigamos que el arma con que lo ultimaron había sido utilizada en cinco homicidios de 2020 por parte de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es una célula que ahora está en el Cártel Arellano Félix, entonces salió de éste el asesino o los asesinos de Margarito. Cuando asesinan a Lourdes Maldonado para evitar esto se llevan el casquillo, o sea hay una planeación”.
Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, se cuenta entre los sopechosos en el caso de Lourdes.
Del exgobernador, manifiesta: “Creo que ese clima o contexto enrarece toda esta situación de inseguridad contra los periodistas cuando ya estás hablando que uno de los sospechosos es un político del partido del gobierno de mucha cercanía con el presidente de la República y exgobernador de Baja California (…) Bonilla no es una víctima, es sospechoso”.
En su opinión, no hay margen para que la fiscalía estatal ni el gobierno federal determinen que los homicidios de Margarito y Lourdes fueron por su entorno personal. “Definitivamente fue por su posición de periodistas”.
Tijuana tiene la realidad de otras ciudades fronterizas: paso de droga, criminales, dinero, personas, asentamiento del crimen organizado y sufre las pugnas de éste.
Los periodistas están en riesgo, particularmente en la cobertura de hechos de violencia. Ahora enfrentan un fenómeno creciente en las colonias más peligrosas como Zona Norte, Sánchez Taboada, La Morita, La Obrera, El Florido y Capistrano.
“Halcones” se mezclan cada vez más con teléfono celular, iPhone, y aparentan ser parte de la prensa para grabar imágenes de criminales involucrados en diversos sucesos, ya sea para informar a sus jefes, exhibir o cazar a sus enemigos; incluso toman fotos y videos de reporteros.
El periodista Ricardo Martínez trabajaba en la estación de Telemundo Tijuana cuando conoció a Margarito en la cobertura nocturna de nota policiaca. “Era mi contacto obligado, él traía las frecuencias de emergencia y policiaca, nos tocó lo que suponíamos fue la etapa más dura 2008, 2009, 2010. Aquí sabes que hay mucho riesgo en ciertas coberturas y con dos colegas asesinados todavía aumenta”.
Para Eduardo Rubio, corresponsal de La Silla Rota en Tijuana, cuando hay agresión u homicidio contra un periodista el bien mayor a tutelar es el derecho a la información que tiene la gente, por eso la autoridad debe dejar claro por qué y quiénes ordenaron matar a dos periodistas.
“La amenaza siempre está ahí para el gremio, tanto del crimen organizado como la gubernamental, pero no estamos como en otros lugares, Guerrero, Michoacán, donde los criminales se meten hasta las redacciones”.
Alejandro Arturo Villa, periodista de Zeta, señala que el tema de los dos reporteros asesinados no sólo es condenable, sino que merece que el gremio no ceda en la exigencia de justicia.
Apunta que la violencia hacia los comunicadores en México no sólo proviene de la delincuencia, servidores públicos y políticos, sino desde Palacio Nacional.
“Es constante la agresión hacia la libertad de expresión desde Palacio Nacional, que todos los días, desde la máxima tribuna, el presidente ataque a la prensa genera un lenguaje de odio que la gente que lo sigue lo replica sin razonar, podemos ver que Ángel Peña se refería a Margarito como eres un chayotero, vendido, tienes intereses al gobierno, es el mismo discurso que hace el mandatario contra la prensa”.
Héctor de Isla, abogado de Bonilla, tenía la instrucción de pagar a Lourdes el laudo que ganó.
María Elena Frausto, viuda de Margarito, no ha sido notificada de algún avance o móvil en la investigación; ella, su hija Johana de 16 años y otros familiares, tienen vigilancia las 24 horas.
En su casa de Camino Verde, colonia Sánchez Taboada, sobre un perchero, junto a un Cristo, cuelgan la sudadera, chaleco, gorra, bandolera, pantalón de cargo y la cámara fotográfica de Margarito.
La mujer platica que su esposo nunca le habló de amenazas directas, pero sabe que el altercado con Ángel Peña lo colocó en riesgo, además de que este hombre -que se autodefine como “comunicador de barrio”- supuestamente contactó a los vecinos con quienes tienen problemas para hacer una “transmisión en vivo” antes del asesinato.
Oscar Maldonado, hermano de Lourdes, comenta: “Presuntamente tengo protección de Guardia Nacional y no sé de quién más, pero son rondines, no una protección permanente, ella tenía lo mismo, y botón de pánico, es una manera de las autoridades de justificarse”.
¿Qué opina de las detenciones?
“En México todo es inventado o casi todo. Okey, número uno: ya agarraron a tres personas; dos: no han dicho quién es el autor intelectual y tres: dicen que no la mataron por su actividad periodística, pero lo único que hacía era ser periodista”.
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