Dos familias mexicanas, con un contexto muy diferente entre sí, encabezan ahora dos de las firmas de la construcción insignia de España: FCC y OHL. De FCC, con Carlos Slim como principal accionista, ya se ha dicho mucho. Baste recordar que el hombre más rico de México desplazó a la familia Koplowitz en cuanto a control del accionariado en 2017 y mueven ese negocio a todos los lados que toca el emporio Carso. En cuanto a OHL, los nuevos “accionistas de referencia”, como se denomina en España a esta figura, son los hermanos Luis y Mauricio Amodio, quienes fundaron Grupo Caabsa en 1979. A diferencia de Slim, quien este año encabezó la lista de multimillonarios de Forbes México con 52.1 mil millones de dólares, Luis y Mauricio Amodio nunca han salido en el ranking. Ciertamente se les mencionan como dueños de una de las mayores fortunas en el país (con negocios muy visibles como Centro Santa Fé y el eternamente retrasado proyecto del Tren México-Toluca), pero al ser privada su riqueza no se ha tenido acceso a sus datos. Gracias a los cruces que se dan entre empresas del mismo rubro en economías tan cercanas como la mexicana y española hace 14 años, FCC y Caabsa iniciaron la sociedad Impulsa Infraestructuras, para obra pública, proyectos de infraestructura y vivienda. De ello derivó una herencia maldita que se reparten Impulsa, FCC, los Amodio y Slim: el túnel sumergido de Coatzacoalcos, Veracruz y que tras incontables polémicas (y juicios por sobrecostes que siguen con demandas en México y un tribunal de arbitraje internacional en Panamá), apenas se inauguró en 2017 tras casi 10 años de construcción.
La firma de transporte y logística Traxión, al mando de Aby Lijtszain, decidió ampliar la operación de su nueva aplicación de movilidad Traxi, para trasladar usuarios y, entre ellos, personal médico del país, pues a raíz de la contingencia sanitaria por Covid-19 han sido atacados mientras se dirigen a sus centros de trabajo y hogares. Así, la aplicación llega hasta la Península de Yucatán y a Morelos. En el primer caso traslada a personal médico del Hospital General de Playa del Carmen, mientras que en Cuernavaca brinda el servicio de transporte a enfermeras de una casa de la tercera edad dónde hubo un brote de Covid-19.
Ojo con lo que sucede en algunas áreas del ISSSTE, que comanda Luis Antonio Ramírez Pineda. Se cuenta que en la Dirección de Administración y Finanzas Pedro Mario Zenteno es señalado por proveedores de limpieza por favorecer a ciertas proveedoras del instituto, al tiempo de negarse a cubrir el costo de servicios ya prestados. Un caso es el contrato de 380 millones de pesos adjudicado a Grupo Relissa Servicios, para el aseo de oficinas y hospitales asentados en CDMX. Sin embargo, o son muy eficientes o muy descuidados, o desaseados, ya que el domicilio asentado en el documento es una bodega totalmente abandonada en el Estado de México. Situación que al parecer fue pasado por alto en el ISSSTE. En ese tenor, la administración se niega a pagar poco más de 3 millones de pesos a Ocram Seyer, empresa que se ha encargado de la limpieza y desinfección del Hospital General de Toluca.
Una de las actividades que reiniciarían este 15 de junio es el de la construcción en CDMX. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum es indispensable encontrar un justo balance entre el derecho a la salud y el bienestar económico de los capitalinos frente a la actual pandemia. Lo que se busca es apego a los protocolos desarrollados tanto para obras públicas como para privadas. Así, en cada uno de los proyectos que inicien existirá un responsable de verificar que las medidas de limpieza, desinfección y sana distancia sean cumplidas al pie de la letra, además de dar seguimiento diario a la salud de cada colaborador mediante termómetros digitales, garantizar el suministro de agua, jabón y gel antibacterial, e implementar horarios escalonados para evitar concentraciones. El Trolebús elevado Ermita-Iztapalapa será el primero en arrancar motores, pues se estima que los trabajos terminen a inicios de 2021 con el objetivo de transportar a 140 mil personas, y le sigue la ampliación de la Línea 3 del Metrobús.
En donde meten el acelerador es en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Javier Jiménez Espriú, pues la instrucción es continuar con los proyectos de inversión para las Administraciones Portuarias Integrales (API) que dependen de esta, para dar respuesta a las necesidades de la población frente a la pandemia por Covid-19. Así, de acuerdo con información de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, a cargo de Héctor López Gutiérrez, en La Paz, Baja California Sur, arrancó el flujo de recursos para el manejo y almacenaje de gas natural que permitirá generar energía eléctrica para abastecimiento de la zona; mientras que mediante el Programa Maestro de Desarrollo informan puntualmente a la iniciativa privada los desarrollos y avances del sector. En paralelo, se espera el pronto inicio de operaciones de las terminales de granel agrícola, granel mineral y de fluidos en el Puerto de Veracruz.
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