La Corte Suprema de Brasil divulgó el video donde se acusa al presidente Jair Bolsonaro como culpable de inferir en la justicia al tratar de designar a un nuevo director, cercano a la familia, para evitar una investigación contra sus hijos, Flavio y Carlos Bolsonaro, por corrupción y propagación del odio.
El ex ministro de Justicia, Sergio Moro, presentó pruebas ante la justicia, entre ellas conversaciones con el mandatario y un video de una reunión de su gabinete, donde Bolsonaro dice explícitamente que buscaba controlar la división de la Policía Federal en Río de Janeiro y destruir a su titular, Maurício Valeixo, para controlar las investigaciones.
El ex ministro de Justicia anunció el 24 de abril su dimisión, tras denunciar tentativas de “interferencia política” en asuntos judiciales por parte de Bolsonaro debido a la destitución del director general de la Policía Federal (PF), Maurício Valeixo.
Moro, quien fue el juez que metió preso al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción ligada al caso Lava Jato, había renunciado días después de que Bolsonaro despidiera a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, tras choques en decisiones sobre la pandemia de coronavirus en Brasil.
El ex director de la Policía Federal de Brasil era uno de los principales colaboradores de Moro desde que éste era juez en Curitiba; Bolsonaro planeaba destituirlo desde agosto de 2019.
Tras las declaraciones de Moro, el fiscal general de la República, Augusto Aras, pidió investigar al mandatario por inferir en la justicia y abuso de poder, en colaboración con el Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro negó las acusaciones y criticó a su ex ministro de estar guiado por su “ego” y ambición de ser nombrado miembro de la Corte Suprema.
El juez del Supremo Tribunal de Brasil y de caso contra Bolsonaro, Celso de Mello, pidió interrogar a Moro para corroborar sus acusaciones contra el mandatario y con una orden judicial se suspendió el nombramiento de Alexandre Ramagem como nuevo titular de la Policía Federal, posteriormente el presidente retiró su nominación al cargo.
Sergio Moro presentó el 3 de mayo las “conversaciones, audios y correos electrónicos” contra el mandatario en su declaración de ocho horas ante las autoridades en Brasilia.
El ex juez acusó al mandatario de intentar “interferir políticamente” en la Policía Federal, que investiga a dos de los hijos del gobernante: Flavio y Carlos Bolsonaro. Días antes de su declaración, el diario O Antagonista afirmaba que la Policía Federal tenía en la mira de sus investigaciones de “10 a 12” diputados afines a Bolsonaro.
Las denuncias están relacionadas con la difusión intencionada en redes sociales y de mensajería de noticias falsas, donde se sospecha que pudieran ser originadas por grupos directamente vinculados Carlos Bolsonaro, quien es concejal de Río de Janeiro, y a un llamado “gabinete del odio” que operaría desde el palacio presidencial.
Moro aseguró en otra declaración judicial el 5 de mayo, dos días después, que Jair Bolsonaro quería tener el control de la Policía Federal en Río de Janeiro, donde ha vivido y hecho su vida política él y su familia, donde se realiza la investigación.
Ese día, el Supremo Tribunal Federal ordenó que tres ministros de la administración de Bolsonaro fueran interrogados como parte de la investigación de sus acusaciones: Augusto Heleno, ministro de Seguridad Interna; Walter Braga Netto, jefe de gabinete, y Luiz Eduardo Ramos, ministro de la secretaria de gobierno.
Los tres son generales del ejército. El juez Celso De Mello autorizó también interrogar a seis jefes policiales y a la diputada Carla Zambelli, vinculada con los mensajes revelados por Moro en Rede Globo.
Bolsonaro criticó además a los reporteros y los calificó como “prensa canalla” y “mentirosa” por dar pauta a las declaraciones de Moro y gritó en al menos tres ocasiones a la prensa “Cállense la boca”, actos que fueron condenados por todos los partidos políticos y organizaciones gremiales, e incluso el Ministerio de Defensa.
Tras la suspensión del nombramiento de Ramagem, el presidente brasileño nombró a Rolando De Souza, considerado como un “brazo derecho” del ex director de la Abin, quien asumió el puesto apenas una hora después de ser designado. El superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, pasó a la subdirección nacional del organismo.
El Supremo Tribunal Federal recibió el 8 de mayo el video clave para la investigación y poder establecer si Bolsonaro incurrió en delitos de abuso de poder, que fue exigido con orden judicial a la Presidencia de Brasil y de forma íntegra. El material aún no se ha revelado públicamente.
La grabación retrata una reunión de Bolsonaro con sus ministros el pasado 22 de abril, días antes de la renuncia de Moro, quien detalla que en ese encuentro el mandatario mostró su intención de interferir en la Policía Federal.
El juez Celso De Mello declaró que del video sólo se podrían presentar algunos fragmentos, al alegar que se trataron asuntos “potencialmente sensibles y reservados” y se determinó, durante el fin de semana, un sigilo temporal del material hasta que el fiscal, Augusto Aras, se manifieste sobre el caso.
La defensa de Sergio Moro exigió el 12 de mayo a las instancias judiciales que sea divulgado un video que demuestra que el mandatario buscó inferir en la Policía. Uno de sus abogados, Rodrigo Sánchez Rios, que representa a Moro, dijo que el material “confirma integralmente” las sospechas del ex ministro.
Fuentes cercanas a la investigación contra Bolsonaro, retomadas por medios locales, aseguran que efectivamente el mandatario declaró explícitamente que buscaba despedir a Maurício Valeixo para “proteger a su familia” de una supuesta “persecución” aunque no hizo una declaración “directa, con una oración directa y hermosa, pero lo dijo”.
El nuevo ministro de Justicia de Bolsonaro, André Mendonça, declaró en una reunión entre ministros que el caso podría ser similar al caso Watergate, con el que se destituyó al presidente estadunidense Richard Nixon en 1974.
El mandatario brasileño negó horas más tarde que haya intentado proteger a sus familiares y amigos de las investigaciones, asegurando que le preocupaba la seguridad de sus familiares en Río de Janeiro. El video íntegro, en manos de la justicia, tiene una duración cercana a las dos horas.
El magistrado Celso de Mello divulgó el video este viernes a las 17:00 horas locales, ordenando que sea difundido en forma parcial, con una edición que sólo mostrará lo que tenga relación con el caso, el cual fue emitido por los medios de comunicación de forma íntegra en tres partes.
En el marco de esa investigación, el magistrado también pidió a la Fiscalía que analice la posible necesidad de que sean incautados los teléfonos móviles del gobernante y de uno de sus hijos, Carlos, quien es concejal en Río de Janeiro, sobre la base de algunas noticias publicadas en medios locales.
La sugestión del magistrado provocó una dura reacción por parte del gobierno, que se pronunció mediante una dura nota difundida por el general de la reserva del Ejército, Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional.
Ese comunicado oficial fue rechazado por casi todos los partidos políticos y hubo quien lo llegó a considerar casi una “amenaza” a la democracia.
En la reunión del 22 de abril, Bolsonaro ante su gabinete aseguró de forma exaltada que buscará defender a su familia.
“Prefiero no tener información a estar mal informado por el sistema de información que tengo.
Y eso se acabó. No esperaré para que jodan a toda mi familia, mi esposa o mis amigos, porque no puedo cambiar a alguien de seguridad si al final pertenece a nuestra estructura. ¡Lo cambiaré! Si no lo puedes cambiar, ¡cambia su jefe!
“
