Manuel fue obligado a arreglar vehículos para el narco. Durante varias semanas a finales de 2019 fue conducido diariamente a un punto del estado de Tamaulipas donde se acumulaban los coches blindados con agujeros de bala y dobles fondos en los que transportar armas y drogas.
“Trabajaba 15, 16 horas al día. No me pagaban un peso, decían que mi pago era la seguridad, me hacían psicoterror”, explica, ya lejos de quienes fueron sus captores.
Manuel no se llama Manuel, pero no quiere dar su verdadero nombre. Está en un punto de la frontera que tampoco quiere identificar y lleva más de un año esperando que una corte de Estados Unidos analice su caso de asilo por última vez. Huyó de la inseguridad de Venezuela y se encontró con más peligro en México. Él es uno de los más de 70 mil solicitantes de refugio afectados por el denominado “Programa de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés, o “Quédate en México”) que desde enero de 2019 obliga a quienes pidieron protección en Estados Unidos a regresar al norte de México a esperar sus citas con el juez.
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Solos y vulnerables, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños o venezolanos quedaron expuestos en un territorio que no conocen y en el que el crimen organizado impone sus reglas. La decisión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de poner fin a este programa es una esperanza para miles de ellos, que todavía aguardan en ciudades como Tijuana, Baja California; Juárez, Cihuahua; o Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las cortes están cerradas desde marzo de 2020 debido a las medidas para prevenir el contagio de COVID-19, así que lo que iban a ser meses de espera se convirtió en una condena sin fecha de cierre. Pero esta decisión, que viene en paralelo con los 100 días sin deportaciones o el fin de la construcción del muro fronterizo, les da ilusiones.
“Fue una locura”
“Me marché porque la situación era insostenible. Participé en algunas marchas contra el gobierno, pero quien de verdad era activista era mi esposa”, dice Manuel. Residía Venezuela y asegura que sus condiciones de vida se habían degradado. Por un lado, las carencias materiales. Por otro, las amenazas de personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro. Nunca pudo imaginar cuando dejó su país que dos meses después estaría arreglando los desperfectos de un coche blindado perteneciente a una organización criminal. Su intento por escapar de la inestabilidad y la violencia le llevó al corazón del narco en México.
Cuenta Manuel que en septiembre de 2019 decidió hacer las maletas después de varios episodios de amenaza violenta. Compró un billete para Ciudad de México, pero en la escala de Cancún, Quintana Roo, lo devolvieron a Bogotá. En su segundo intento logró su objetivo de alcanzar la capital. De ahí, directo a Tamaulipas, donde cruzó la frontera tratando de alcanzar Estados Unidos.
“Fue una locura. Entiendo la cantidad de gente que se ahoga. Si lo llego a saber no hubiese cruzado así”, explica.
Una vez en EU, cuenta Manuel que se entregó a la Policía Fronteriza, que lo llevó a unas carpas ubicadas en Donna, Texas. Ahí lo entrevistaron y lo incluyeron en el programa “Quédate en México” que obliga a gente como Manuel, hombres y mujeres vulnerables que huyen de la violencia, a quedar abandonados en lugares violentos y donde no conocen a nadie.
Sus compañeros de cautiverio, centroamericanos en su mayoría, le advirtieron: “me decían que cuando pusiese un pie en México me secuestrarían”.
No hizo falta.
Cuando fue empujado a México la casualidad le llevó a un hotel. Y allí, al intentar conseguir trabajo, se metió en la boca del lobo. Pero no sabía cómo huir. Nadie le protegía. Así que aguantó durante semanas trabajando de sol a sol en un taller de uno de los carteles que operan en Tamaulipas. Hasta que a finales de noviembre, aprovechando que tenía su primera cita en Estados Unidos, aprovechó para escapar.
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Manuel fio todo a que su proceso de asilo saliese bien. Y logró llegar hasta la tercera audiencia, la definitiva. El 31 de marzo era el día en el que, confiaba, un juez le permitiría quedarse en EU bajo protección. Pero diez días antes de aquella cita las fronteras se cerraron por la pandemia de COVID-19. Y las audiencias se suspendieron. Y personas como Manuel quedaron abandonadas en un territorio hostil, temerosas de que los criminales para los que tuvo que trabajar volviesen a encontrarlo.
Desesperado, Manuel volvió a intentarlo en septiembre de 2020. Cruzó nuevamente el Río Bravo y volvió a ser interceptado por agentes estadounidenses. Les explicó su situación, les dijo que tenía miedo, les suplicó que no le obligasen a regresar a México.
No le hicieron caso.
El anuncio de Joe Biden de que suspenderá el programa le da esperanzas. “Confío en que abran y podamos seguir nuestro proceso en Estados Unidos. Yo ya he sufrido demasiado”, asegura.
Ahora no hay secuestros, asegura AMLO
Esta mañana, durante su conferencia, el presidente Andrés López Obrador aseguró que su gobierno ha procurado atender bien a los migrantes y se han respetado sus derechos humanos.
Destacó que, incluso, su administración ha invertido para que se mantengan los refugios y los albergues.
“Nada que ver con lo que sucedía antes, nada que ver con que los secuestraban y los desaparecían, hemos estado pendientes y los hemos protegido”.
Dijo que tras el cambio de gobierno en EU esperarán para ver qué políticas se aplican, pues Joe Biden se comprometió a apoyar a los migrantes y “ahora debe definir si van a mantener el procedimiento del que solicita asilo se quede en México”.
El mandatario detalló que la próxima semana dará un informe sobre los migrantes y refugiados.
Un programa nacido tras la caravana de 2018
La historia de Manuel es uno de los dramas que queda en casi dos años de vigencia del programa “Quédate en México”. Desde que a finales de enero de 2019 fuese expulsado a Tijuana el hondureño Carlos Gómez Perdomo, un total de 70 mil 476 personas regresaron a México a esperar su cita con el juez de Estados Unidos. De ellos, la mayoría era de Honduras (23 mil 052 solicitantes de asilo), Guatemala (15 mil 799), Cuba (11 mil 175), El Salvador (8 mil 120), Ecuador (5 mil 900), Venezuela (2 mil 633) y Nicaragua (2 mil 329).
El programa que ahora llega a su fin fue resultado de un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. La idea comenzó a prepararse a finales de 2018, en el contexto de la llegada a México de la nueva administración y con miles de centroamericanos varados en Tijuana tras atravesar el país en caravana. La lógica de la negociación fue la misma que marcó la relación entre Washington y CDMX en temas migratorios. Trump amenazó, México acató pero, finalmente, terminó defendiendo las políticas impuestas desde Washington.
“Tomamos estas decisiones de manera libre y soberana”; dijo el López Obrador el pasado 17 de diciembre, Día del Migrante, en relación al programa “Quédate en México”. Aquel día en su conferencia mañanera le preguntaron por el informe “En la boca del lobo” en la que diversas organizaciones documentaban las violaciones a los Derechos Humanos de los 70 mil expulsados por EU. El presidente dijo desconocer los datos del documento y prometió presentar un informe propio que, hasta la fecha, todavía no ha entregado.
Eso sí, aseguró que los derechos de los migrantes estaban siendo protegidos por México. Una afirmación que ha sido contradicha por diversos estudios elaborados por las organizaciones que trabajan sobre el terreno. Por ejemplo, Human Rights First documentó las agresiones sufridas por más de 300 migrantes a finales de 2019. Y Médicos Sin Fronteras constató efectos “devastadores” del programa y afirmó que el 80% de los migrantes que habían sido devueltos a Nuevo Laredo sufrieron algún secuestro.
El papel del gobierno de México también fue cuestionado por instituciones internacionales. Por ejemplo, tras la revelación de Animal Político de que había organizado autobuses para trasladar a los solicitantes de asilo devueltos en Matamoros y Nuevo Laredo hasta la frontera con Guatemala. Una especie de “deportación encubierta” que fue pagada con fondos a la cooperación para Centroamérica.
La llegada de la pandemia de COVID-19 cerró las fronteras. Desde el 21 de marzo dejaron de recibirse nuevos solicitantes de asilo y las cortes ya no celebran nuevas audiencias. Si no fuese por el coronavirus, Manuel podría estar ya en Estados Unidos.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca da esperanza a este venezolano. Su primera decisión fue suspender el programa “Quédate en México”. Aunque todavía falta saber qué ocurrirá con las personas que quedaron atrapadas, como Manuel. Se calcula que unas 30 mil personas tienen todavía su caso abierto. El resto o se regresó a su país o cruzó a EU como migrante irregular. Con la nueva política anunciada por la Casa Blanca, las organizaciones sociales esperan que pronto el gobierno de EU haga públicos los lineamientos que den una salida para las cerca de 30 mil personas que se calcula que todavía tienen su caso abierto.
Animal Político consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la institución que negoció el acuerdo, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
“Ha sido la política más cruel y devastadora para restringir el derecho internacional a la protección. Los dos gobiernos sabían perfectamente bien lo que podría pasar. Y dejaron varadas a 70 mil personas en situaciones de extrema vulnerabilidad donde grupos criminales se aprovecharon”, dice Gretchen Kuhner, directora del Instituto para la Mujer Migrante (Imumi), una organización que, junto a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos presentaron recientemente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los secuestros y las violaciones a los Derechos Humanos provocados por esta política.
Las consecuencias de dos años de “Quédate en México” todavía están por estudiarse. Miles de personas tuvieron su vida en suspenso y fueron víctimas de una violencia igual de brutal que aquella de la que escaparon. Entre ellos está Manuel, que solo reza para que pronto pueda rehacer su vida en un entorno sin amenazas.
