En un giro polémico, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha ordenado a los hospitales del estado que interroguen a los pacientes sobre su estatus migratorio. Esta medida, que entra en vigor el 1 de noviembre, ha desatado una tormenta de críticas y preocupaciones entre los profesionales de la salud y los defensores de los derechos de los inmigrantes.
La orden de Abbott exige que los hospitales pregunten a los pacientes si son ciudadanos estadounidenses y si tienen permiso legal para estar en el país. Además, deben rastrear los costos de atender a personas sin estatus legal. Esta iniciativa se enmarca en el conflicto entre Texas y la administración Biden sobre la política migratoria.
“¿Está (Abbott) convirtiendo efectivamente a los oficiales hospitalarios en agentes de inmigración?”, cuestiona el doctor Brian Elmore, especialista en emergencias del Centro Médico Universitario (UMC) de El Paso. Elmore teme que la información recopilada pueda ser utilizada con fines cuestionables, como los intentos de Abbott por criminalizar la ayuda humanitaria.
Los críticos advierten que esta medida podría disuadir a las personas de buscar atención médica en Texas, a pesar de que los pacientes no están obligados a responder las preguntas para recibir tratamiento. Kristen Etter, del Texas Immigration Law Council, enfatiza que los hospitales deben brindar atención de emergencia sin importar el estatus migratorio.
Mientras tanto, los hospitales de Texas se han estado preparando para el cambio y han asegurado a los pacientes que esto no afectará su nivel de atención. Sin embargo, la orden de Abbott ha generado un ambiente de incertidumbre y temor entre los inmigrantes, quienes temen ser señalados y perseguidos por buscar cuidados médicos.
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