En un choque entre los principios de la justicia y la seguridad, la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se ha visto obligada a rechazar enérgicamente cualquier manifestación de violencia. Esto surge después de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluyendo dos juezas, fueran retenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX mientras protestaban pacíficamente contra la reforma judicial, afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez.
“El ejercicio de los derechos constitucionales, como la libre manifestación de ideas, es fundamental para preservar la convivencia y la paz social”, enfatizó el CJF, reafirmando su compromiso con el diálogo y la comunicación como vías para resolver conflictos.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha denunciado el uso de la violencia institucional para impedir la defensa de tales derechos, advirtiendo que recurrirán a instancias internacionales.
Este incidente refleja un preocupante aumento de la intolerancia gubernamental, que contradice los principios democráticos que se supone deben prevalecer. Ahora, la comunidad jurídica y la opinión pública esperan una respuesta contundente que garantice el respeto a la libre manifestación y la independencia del Poder Judicial.
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