La brutal decapitación del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, ha conmocionado a México. Apenas una semana después de asumir el cargo, el joven político de 43 años fue asesinado por el crimen organizado, un acto que la oposición califica como “terrorismo”.
El pasado jueves, Arcos Catalán lamentaba el homicidio de su mano derecha, el secretario general del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia. Días después, el alcalde exigió mayor seguridad para desempeñar sus funciones y solicitó apoyo al Gobierno de Guerrero. Pero su pedido de ayuda nunca llegó a tiempo.
El domingo, las autoridades encontraron el cuerpo decapitado de Arcos Catalán en una camioneta blanca, a las afueras de un hotel. Su asesinato se produjo después de que el capitán Ulises Hernández, quien se perfilaba como el próximo titular de Seguridad de Chilpancingo, fuera ejecutado a tiros el 27 de septiembre.
“Esto sobrepasó todos los límites, necesitamos garantizar la seguridad”, afirmó Alejandro Alito Moreno, líder del PRI. La gobernadora Evelyn Salgado condenó “de manera enérgica” el crimen y prometió llevar a los responsables ante la justicia.
Lamentablemente, la violencia en Guerrero parece imparable. Según cifras oficiales, se han abierto más de 1.268 carpetas de investigación por homicidio en los primeros ocho meses del año, con una tasa de impunidad rondando el 99%.
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