Las acusaciones contra elementos de las Fuerzas Armadas en retiro que laboran en el Instituto Nacional de Migración (INM) se acumulan por una decena de estados. En una de ellas se advierte que un grupo de personas migrantes retenidas en el punto de control “El Desengaño”, en los límites de Sinaloa y Sonora, fueron encerradas en una base militar durante tres días.
La orden habría salido del titular de la oficina de representación del INM en Sinaloa, Genero García Wong, un contralmirante retirado de la Secretaría de Marina, uno de los rangos más altos.
El marino, se dice, instruyó llevar a los migrantes a la base y esperar varios días. Reunió a un grupo más amplio de personas y las trasladó a la estación migratoria de la zona sur de Sinaloa, a casi cinco horas de distancia del retén.
Este funcionario, con una trayectoria de 40 años en la Armada de México, se incorporó en 2020 al INM y de inmediato comenzó a acumular quejas por abuso de poder, acoso y hostigamiento laboral, discriminación por identidad sexual, entre otros. Los reclamos brotaron en las oficinas del INM que ha dirigido: Sinaloa y Veracruz. En la actualidad se encuentra en Tlaxcala y ya hay denuncias públicas en su contra.
Se nos está dando un trato meramente militar en el que se nos ha dicho que tenemos que ser soldados al servicio de la Nación”, se lee en una de las siete quejas laborales que señalan al contralmirante.
En su primer encargo en la oficina local de Sinaloa, a García Wong se le acusó de generar un ambiente de trabajo hostil, imponer jornadas laborales de más de 15 horas, suspender días de descanso por más de dos meses y dar un trato militar al personal civil.
Las quejas narran situaciones de discriminación como la de una empleada transexual que se identificaba como mujer y se desempeñaba en labores de limpieza en la oficina del INM. “Le dijo que si quería trabajar en la oficina debía vestirse como lo que es, un hombre”, se cuenta en una denuncia colectiva de 2020 que da detalles de cómo el acoso obligó a la mujer transexual a presentar su renuncia.
Entre marzo y agosto de 2020, en el pico más alto de contagios por la pandemia de Covid19, el contralmirante se habría negado a establecer protocolos de sana distancia, rechazaba certificados médicos de personal no apto para laborar en pandemia y acusaba la falsificación de pruebas Covid positivas. El personal contagiado era obligado, reclaman, a trabajar mientras estaba enfermo.
Al menos en cuatro quejas distintas se le hace responsable por un contagio masivo de Covid en las oficinas de migración en Mazatlán, el cual derivó en la muerte de un agente migratorio y los padres de otros dos empleados, se acusa.
