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Si alguna vez llega una vacuna efectiva contra COVID-19, se debería etiquetar como bien público para toda la sociedad. Todos los continentes han sido golpeados por el virus, a excepción de Antártida.
No obstante, la combinación entre interés propio nacional y la presión para que la industria farmacéutica genere ganancias ya está provocando tensión geopolítica sobre quién realmente ha de obtener el primer acceso a la vacuna. Esto nos recuerda que el botín de la investigación de medicamentos no está dividido por igual. Es el momento perfecto para replantear el sistema.
El Gobierno francés ya tuvo el primer roce con su farmacéutica nacional, Sanofi, después de que la compañía sugiriera que Estados Unidos, y no Europa, sería el primero en obtener acceso a la vacuna propuesta si logra desarrollarla. La razón, según el director ejecutivo, Paul Hudson, es que Estados Unidos fue el primero en contribuir con fondos al proyecto.
“Inaceptable”, fue la respuesta de la secretaria de Estado para Economía de Francia, Agnes Pannier-Runacher. El responsable ejecutivo francés de Sanofi rápidamente buscó calmar la tensión al prometer que una vacuna efectiva estaría “disponible para todos”. Pero este debate no va a desaparecer. El presidente francés, Emmanuel Macron, planea reunirse con funcionarios de Sanofi la próxima semana para discutir el tema. En otros lugares, AstraZeneca ha dado prioridad al Reino Unido en su propio proyecto de vacuna.
A simple vista, la postura de Sanofi parece bastante lógica. El costo de investigación para una vacuna oscila entre 500 millones y mil millones de dólares, según un artículo de 2015 del médico y consultor Stanley Plotkin. Si el contribuyente estadounidense está dispuesto a pagar la factura, ¿no debería recibir parte del premio? Los fabricantes de medicamentos saben que esta es una vacuna que tendrá que venderse al por mayor y no a un precio excesivo: Johnson & Johnson, por ejemplo, dice que su propio plan es producir la que está desarrollando al costo, o cerca de 10 euros (10.81 dólares). Dado que algún tipo de priorización será necesaria a medida que la producción aumenta a millones de dosis, se podría comenzar con las partes que financiaron el proyecto, según Sam Fazeli, analista farmacéutico sénior de Bloomberg Intelligence.
Pero París también tiene razón. La vacuna de Sanofi no se produce en el vacío. La compañía se beneficia de accionistas, empleados, fábricas y créditos fiscales europeos. Vale la pena señalar que el financiamiento de investigación y desarrollo en Francia es la segunda más generosa, en términos de proporción del PIB, entre los países rastreados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 0.4 por ciento (EU ocupa el décimo lugar). Esto se debe en gran parte a incentivos fiscales otorgados a empresas como Sanofi que rondean los 150 millones de euros al año. Los contribuyentes franceses podrían preguntarse por qué esto no sería un factor a tener en cuenta.
Ahora bien, simplemente castigar a Sanofi no será una solución duradera. El riesgo es que, si los países se turnan para buscar una prioridad, el resultado será una especie de guerra comercial de vacunas entre naciones. Esto burlaría el llamamiento de la Organización Mundial de la Salud a percibir las vacunas como un bien público común, y también recordaría la perjudicial pelea por tapabocas y equipo médico que enfrentó a países europeos entre sí. Si Francia tuviera el primer acceso a una vacuna, ¿obtendrían Italia o Grecia el mismo acceso?
Sería más productivo si los países europeos trabajaran más de la mano para asumir el riesgo financiero de las vacunas y así podrían dividir el botín de manera más equitativa. No hay razón alguna por la que los 27 países de la Unión Europea no puedan inventar su propia versión de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de EU e igualar los profundos bolsillos de la administración Trump. El reciente recaudo de 8 mil millones de dólares de la UE es un buen ejemplo, y su adquisición conjunta de equipos médicos y vacunas es otro.
Cuanto más amplia es la cooperación, más posibilidades tienen los países de nivelar el campo de juego con las grandes compañías farmacéuticas. Los fabricantes de medicamentos se han centrado durante décadas en nuevos tratamientos lucrativos protegidos por patentes, a menudo imposibilitando que lleguen a personas en países en desarrollo.
Nuevas organizaciones están luchando contra esto: el Fondo Común de Patentes Farmacológicas respaldado por las Naciones Unidas, por ejemplo, ha licenciado medicamentos patentados contra el VIH para su fabricación por parte de compañías de medicamentos genéricos a un costo menor. La Coalición para la Preparación e Innovación frente a Epidemias también ha unido a países en la financiación de la investigación de vacunas.
La pandemia ha revelado muchos problemas en la cadena de oferta farmacéutica: desde la dependencia de los mercados emergentes ante suministros farmacéuticos vitales hasta una falta de interés en la investigación de vacunas potencialmente no rentables. Si la oportunidad aquí es garantizar que los medicamentos que salvan vidas reciban la financiación que necesitan, los contribuyentes de todo el mundo, no solo de Francia o EU, también deberían tener un mejor acceso a ellos.
*Lionel Laurent es columnista de Bloomberg Opinión que cubre Bruselas. Anteriormente trabajó en Reuters y Forbes.
*Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial, de Bloomberg LP y sus dueños. Ni de El Financiero.
