La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a cuatro militares de asesinato e intento de asesinato en la masacre de Nuevo Laredo. La dependencia, que no ha tocado el tema de manera pública desde lo ocurrido, se ha presentado ante el juez este lunes, en la audiencia inicial del caso. Los investigadores formulan sus acusaciones y esperarán la decisión del juzgador, que dirá si los señalamientos de la FGR son o no suficientes para procesar a los acusados. Los militares viven presos en la cárcel militar de Ciudad de México y atienden la audiencia vía remota.
El domingo 26 de febrero, cinco jóvenes murieron a balazos de militares en la ciudad norteña, parte de la frontera entre Tamaulipas y Texas. Otro resultó con heridas de gravedad y uno más salió ileso. Ocurrió de madrugada. Los muchachos, siete en total, viajaban a bordo de una camioneta. Habían pasado la noche en una discoteca y volvían a sus casas. En la colonia Cavazos Lerma, en el suroeste de la ciudad, se cruzaron con un convoy castrense, cuatro camionetas en total. Los militares empezaron a seguirles y unos metros más adelante les dispararon. 117 balazos en total.
Tanto la Secretaría de la Defensa (Sedena) como el militar a cargo del patrullaje aquella madrugada en la ciudad, el capitán de caballería Elio N, han señalado que los disparos castrenses respondieron a detonaciones previas, ajenas a la camioneta de los muchachos. La secretaria y el capitán dijeron que mientras los elementos patrullaban escucharon disparos; que se dirigieron al lugar de los disparos, la Cavazos Lerma, y fue entonces cuando toparon con la camioneta de los muchachos, todos alrededor de los 20 años. Ambas partes señalan que el choque de la camioneta de los muchachos, el “estruendo” que produjo, motivó los balazos castrenses. Un error.
La versión de Sedena contrasta en parte con la del capitán Elio N, que menciona que, además del estruendo, él y los suyos escucharon más disparos en el momento del choque del vehículo de los muchachos. La secretaría no mencionó ese detalle. Ambas versiones coinciden en que los muchachos no iban armados. Las diferencias entre esas dos narraciones con las que han dado los dos supervivientes resultan, sin embargo, mucho más importantes. Tanto Alejandro Pérez, que resultó ileso, como Luis Gerardo S, que estuvo en el hospital en coma varios días, dibujan un ataque indiscriminado, agravado por el comportamiento posterior de los militares.
Los dos muchachos señalan que a la altura de la Cavazos Lerma, al menos dos camionetas de militares empezaron a seguirles. Que cuando se dieron cuenta de que les seguían frenaron y que fueron los militares quienes chocaron con ellos por detrás, provocando que su camioneta embistiera un vehículo que estaba aparcado en la calle. Los dos dicen que justo después empezaron los tiros, 117 en total. Las necropsias de los cinco muertos, a las que tuvo acceso EL PAÍS, señalan que los militares dispararon desde diferentes puntos, no solo desde atrás, como sugerían las versiones de Sedena y el capitán Elio N.
Semanas más tarde, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) divulgó su informe sobre el caso. El documento recogía las declaraciones de los militares acusados, cuatro cabos de caballería que el capitán Elio N ya había señalado en su informe de lo ocurrido. Los cuatro dicen que uno de ellos, a cargo de la ametralladora de la torreta de una de las camionetas, empezó a disparar después del choque. Los demás le siguieron. Algunos de los acusados plantean en su declaración que vieron movimientos extraños al interior del vehículo de los muchachos, y que por eso dispararon.
Ni los cuatro acusados, Agustín N, Juan Carlos N, Bernardo N, y Jorge N, ni el capitán Elio N, ni Sedena hablan de lo que ocurrió después de los primeros balazos. Pero los dos supervivientes sí. Ellos narran que, tras la primera ronda de disparos, militares dispararon contra uno de ellos, Luis Gerardo S, cuando este pedía ayuda, malherido, fuera de la camioneta. Alejandro Pérez señala, además, que escuchó que los militares gritaban “¡mátenlo, mátenlo!”, refiriéndose a él, cuando ya lo tenían sometido, en el suelo. La sospecha de que las versiones castrenses esconden más datos se alimenta de los estudios de necropsia. De los cinco muertos, uno murió de un solo disparo en la cabeza.
El caso ha generado mucha crítica en México. El Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, defendió desde su llegada, en diciembre de 2018, un acercamiento distinto a la problemática de violencia e inseguridad que vive el país. Parte de su discurso en la materia nace de la crítica a las estrategias manejadas por los gobiernos anteriores, primero con Felipe Calderón (2006-2012) y luego, con Enrique Peña Nieto (2012-2018), de confrontación al crimen organizado. “Abrazos, no balazos”, decía en campaña López Obrador.
Las críticas del mandatario a la agresividad del aparato de seguridad en administraciones anteriores se reflejan ahora en el caso Nuevo Laredo. Primero, por la desproporción en la respuesta de los militares, que dispararon en más de 100 ocasiones sin que hubiera agresión previa. Y luego, por la opacidad de las autoridades. La Sedena apenas informó del caso en un comunicado el 28 de febrero. No ha vuelto a hablar sobre el asunto. La FGR no ha informado del caso de manera oficial. López Obrador se ha centrado en despejar cualquier cuestión, amparándose en el argumento de que ellos no son “los mismos”.
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