Poco después de llegar a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador cambió el sistema de compras de medicinas que había prevalecido en el gobierno anterior, acusando corrupción. Prometió que así no habría desabasto de medicamentos, ni para los niños con cáncer ni para nadie más.
Sin embargo, especialistas consultados explican que más allá de sus promesas y la evidencia de que en el pasado pudieron existir malas prácticas y sobreprecios, con el cambio de administración y la nueva forma de adquirir los fármacos aún no se ha logrado asegurar un acceso constante y eficaz a los medicamentos.
Lo que se ha tenido, señalan, es improvisación y compras de emergencia, dando primero la tarea de adquirir las medicinas a Hacienda, luego al Insabi, y a la postre recurriendo a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), sin prever antes las complejidades y posible desabasto al cambiar de tajo el esquema.
Documentos oficiales, reportes de la industria farmacéutica, quejas ante la CNDH (al menos 72 por presunta omisión en dar medicinas a niños con cáncer de enero de 2019 a febrero de 2020, previo a la pandemia), los propios dichos de funcionarios y las denuncias de familiares de pacientes documentan el desabasto o el retraso en las compras de medicinas, agravado por la crisis COVID. Esto, mientras el gobierno ha tratado de minimizar el problema, o incurrido en contradicciones.
Sobre la carencia, están datos como este: de julio de 2019 a junio de 2020 (es el informe más reciente del Instituto) el IMSS recibió 5,476 quejas por la negativa de medicamentos. Hubo un incremento en las quejas de 721%, respecto al periodo de julio 2018 a junio 2019.
En el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, de julio de 2017 a junio de 2018, el Instituto había registrado 451 quejas por negativa de medicinas.
Respecto a que el problema de desabasto continuó a finales de 2020 y se extendió a 2021, están los reportes sobre retrasos en las compras de medicinas por medio de la UNOPS, reconocidos por el propio Insabi en este informe.
Los señalamientos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) sobre que 12% de las claves de medicinas quedaron desiertas en el proceso de compra consolidada para 2021, en febrero.
Y está también la declaración que hizo el propio López Obrador, aceptando el 29 de junio pasado que aún no se tenían las medicinas necesarias para atender casos de cáncer, pero que se estaban haciendo esfuerzos para obtenerlos.
“Ya estamos consiguiendo todos los medicamentos, hay medicamentos oncológicos que son mucho, mucho, mucho muy difíciles de conseguir”, dijo.
Al tratar de ubicar cifras sobre el caso específico de los medicamentos oncológicos, si bien el propio gobierno ha reconocido sus dificultades para comprarlos, no se encontraron reportes estadísticos oficiales sobre quimioterapias realizadas, personas atendidas con tratamientos o alguna otra estadística similar, que permitan hacer comparaciones adecuadas y dimensionar el problema. Se buscó al respecto en las secciones de informes y transparencia de instituciones como IMSS, ISSSTE, Incan, Insabi y Secretaría de Salud.
En cuanto a la compra de medicamentos de ese tipo, si bien se constatan los problemas para adquirirlos, tampoco se encontraron suficientes datos públicos para hacer comparaciones precisas, pues el gobierno ha publicado datos dispersos e insuficientes. El IMSS, cuando era el encargado de las compras consolidadas, sí había publicado informes comparables de adquisiciones al menos de 2016 a 2018.
Ya sobre la actual administración se halló, por ejemplo, el reporte de Hacienda de las compras de 2019, con una adquisición menor del medicamento metotrexato (máximo de 397 mil piezas adquiridas), en comparación a las unidades adquiridas en 2018 (873 mil) y 2017 (815 mil).
En cuanto a 2020, el informe del Insabi incluyó algunos datos sobre sus compras y distribución de medicinas en los estados.
Sin embargo, ya sobre 2021 no se tiene aún un reporte similar. En Compranet se encontró el reporte de contratos sobre las compras de ese tipo de medicinas, pero sin mayor detalle sobre la cantidad de unidades de medicamento adquiridas, o su precio.
Animal Político solicitó una entrevista al Insabi, institución que actualmente se encarga de coordinar la compra de medicamentos con la intermediación de la UNOPS, pero no respondieron.
“Sí había corrupción, dejaron corrupción en muchos temas, eso no lo vamos a negar, en Salud y en muchos temas (en gobiernos previos)”, afirma Sofía Charvel, especialista en derecho y salud pública.
“El problema es que, al entrar la nueva administración, destruyeron o quitaron la compra consolidada que el IMSS venía haciendo ya por más de 10 años, que funcionaba y funcionaba muy bien”.
Comprar medicamentos requiere de un proceso muy complejo que no puede darse de un día para otro, menciona, y el IMSS ya había desarrollado un nivel de especialización para hacerlo.
Sobre lo anterior, vale la pena acotar que si bien el Instituto pudo lograr ese nivel de especialización, también existen investigaciones y datos de la Auditoría que muestran que, con el Instituto al frente de las compras, hubo señalamientos de corrupción, sobreprecios y, sí, en ocasiones falta de medicinas.
De 2014 a 2018, según el Centro de Investigación Económica, “el número de personas que pagaron por medicamentos incrementó en 4 millones 61 mil 906 personas, al pasar de 26 millones 459 mil 376 personas a 30 millones 521 mil 282”.
El sistema público, desde entonces, ha fallado en garantizar medicinas a todos los pacientes.
AMLO vs empresas farmacéuticas
El nuevo gobierno concluyó el sistema de compra consolidada a cargo del IMSS, que había operado desde el 2013. Según López Obrador era necesario cambiar, pues había señales de corrupción y de un oligopolio de farmacéuticas.
“El año pasado (2018) se compraron 90 mil millones de pesos en medicinas y en materiales de curación, y no había abasto suficiente. Tres empresas vendían el 70% de todos los medicamentos al gobierno… Pues eso ya se terminó”, dijo el presidente en 2019.
En marzo de ese año, su gobierno emitió una circular en la que vetaba a farmacéuticas y distribuidoras como Dimesa, filial de Pisa.
Ese fue un punto clave en esta historia. El gobierno de López Obrador se confrontó con las empresas que habían sido las principales proveedoras de medicinas (incluyendo las oncológicas) en el sexenio anterior, acusando malas prácticas, y optó a la postre por suplir en parte ese suministro con compras en el extranjero, con las dificultades que eso conlleva.
Antes de que iniciara su mandato, la ASF y la Cofece ya habían señalado la existencia de “un esquema de colusión” en las adquisiciones de medicinas entre 2009 y 2015, que había llevado a un sobrecosto de por lo menos 174.8 millones de pesos.
La ASF señaló en 2019 un “desabasto de medicamentos que existe a principios de cada año tanto en el propio IMSS, como en otras instituciones de salud”, lo que propició una auditoría a su sistema de compras.
En el mismo sentido, una investigación de la organización PODER sobre el periodo de 2008 a 2018 concluyó la existencia de “un sistema cooptado por las grandes distribuidoras y laboratorios farmacéuticos”, con el que el IMSS pagó sobrecostos en medicinas por unos 18 mil millones de pesos.
La industria farmacéutica nacional se ha defendido explicando que en otros países también se tienen grupos pequeños de empresas especializadas, que gracias a su experiencia obtienen contratos, sin ser necesariamente oligopólicas.
En el inicio de su administración, los datos sobre presunta colusión y sobreprecios parecían dar la razón al presidente. Pero sin el IMSS a cargo y haciendo a un lado a ciertas empresas farmacéuticas, su gobierno se encontró con el reto de armar un plan de compras. Y comenzaron nuevas dificultades.
Asignaron la tarea a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque al tratarse de movimientos tan complejos, explica Charvel, dicha Secretaría no obtuvo el éxito esperado en concretar las compras de medicinas, y muchas claves quedaron desiertas.
La Auditoría Superior evaluó duramente a Hacienda y a Salud, por su labor en la compra de medicinas, señalando que en 2019 -previo a la pandemia de COVID-, fueron deficientes e incluso opacos, pues no se aplicaron mecanismos de evaluación adecuados y “no se propiciaron las mejores condiciones de compra para el Estado, ni se garantizó el cumplimiento del derecho de protección a la salud” de la población.
La responsabilidad de las operaciones pasó después al Insabi. Mientras se daban esos ajustes, explicó Andrés Castañeda, especialista en Salud y Políticas Públicas, se extendieron los contratos establecidos en 2018 hacia la primera mitad de 2019, para hacer frente a la falta de medicamentos.
En julio de 2020 la actual administración firmó el acuerdo para que la UNOPS se encargara de gestionar las compras de medicinas. La UNOPS es una “entidad” de las Naciones Unidas que provee servicios a gobiernos, como el de ayudar en procesos de adquisiciones públicas. Opera como una empresa y cobra tarifas por sus servicios (1.25% del monto de las operaciones de compras de medicinas, en el caso de México).
En América Latina, trabaja con naciones como Perú, donde el año pasado se conoció el caso de que una de las compras que acompañó presuntamente estuvo manchada por sobornos de licitantes al ahora expresidente Vizcarra, aunque el organismo negó tener responsabilidad alguna.
El problema de medicinas en México se agravó con la pandemia de COVID, a nivel internacional, mientras el gobierno federal aún no tenía los datos suficientes para que UNOPS hiciera las compras de los próximos meses.
El organismo de la ONU nunca había realizado operaciones a una escala tan grande, como la que era necesaria en el país, según indicó Sofía Charvel. Para 2021, el Insabi calculó inicialmente “un requerimiento de más de 2,810 millones de piezas” con un costo estimado de 110 mil millones de pesos. Luego el organismo señaló que esos montos cambiaron, aunque no precisó la cantidad.
“Son tres mil 643 claves, probablemente sea la adquisición o licitación más grande en la historia en manos de la ONU, probablemente así sea de un solo país. Seis mil 800 millones de dólares más o menos”, dijo el canciller Ebrard en julio de 2020.
La convocatoria para el abastecimiento del 2021 se lanzó el año pasado, aunque la falta de datos y la revisión tardía a las empresas licitantes, el llamado due dilligence para verificar que se hagan tratos con empresas “limpias”, ocasionó que las compras se retrasaran.
En este proceso de transición, el gobierno incluso tuvo el tropiezo de que el personaje que había sido designado para hacerse cargo de un nuevo esquema de distribución de medicinas, David León, quedara fuera del puesto tras aparecer en un video dando dinero en efectivo en 2015 a un hermano del presidente.
En tanto, se seguían registrando distintas protestas de familiares de pacientes, por el desabasto.
Pisa, productor de oncológicos clave en México y su papel en el desabasto
La farmacéutica Pisa es el principal productor en México de metotrexato y otros medicamentos oncológicos como la ciclofosfamida, doxorubicina, citarabina e ifosfamida.
En el sexenio de Peña Nieto, la farmacéutica y su filial Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A., Dimesa, ganaron licitaciones de 2016 a 2018.
Para las compras de 2019, Pisa aún fue el mayor adjudicado de la licitación con un monto de 888.3 millones de pesos y un total de 75,443,313 piezas, correspondientes a 65 claves de medicamentos oncológicos.
Con los antecedentes mencionados sobre su posición en el mercado, se dio un hecho importante en mayo de 2019, cuando fue suspendida su línea para la fabricación de metrotexato en Coyoacán, Ciudad de México.
Esto se dio tras una denuncia presentada en febrero por la muerte de un niño y reacciones adversas por una quimioterapia presentadas por otros dos, en el Hospital del Niño Poblano, en Puebla.
Luego entre junio y agosto de ese mismo año Cofepris suspendió 7 Centrales de Mezclas de las 17 Centrales de Pisa, tras acusaciones sobre un brote de infecciones nosocomiales u hospitalarias relacionadas a Leclercia adecarboxylata, en Jalisco. El brote de la bacteria provocó que 69 personas se infectaran y que un bebé falleciera en el Hospital Civil Juan I. Menchaca.
De ese modo, y con las acusaciones de concentración de las compras hechas por el presidente, ya en 2020 se redujeron las compras de medicinas oncológicas a Pisa – solo le dieron 9.6% del total de claves licitadas -, aunque el propio Insabi la ubicara como una de las principales fuentes de medicamentos como el etopósido, temozolomida y vincristina.
Las nuevas adjudicaciones se concentraron en empresas como Laboratorios Kemex de Argentina, Zurich Pharma de México y Accord Farma.
Animal Político buscó a Pisa, para este texto, pero no quisieron hacer una declaración pública.
Si bien dicha empresa y su filial Dimesa habían sido vetadas por el gobierno y sancionadas por la Secretaría de la Función Pública, siguieron obteniendo distintos contratos de 2019 a 2021 (en un nivel mucho menor a años previos), según se constata en Compranet, y en mayo pasado se publicó una circular donde se les permitía participar en licitaciones, ante la emergencia COVID.
En la licitación de este año, publicada por la UNOPS, Pisa volvió a postularse para ser proveedor de medicamentos oncológicos clave, incluido el metotrexato.
El fallo de esta licitación aún no se ha dado a conocer en su totalidad. Solamente algunos contratos que ya han sido firmados se pueden revisar en la página del proyecto Salud México, debido a los retrasos a raíz del cambio de sistema.
Una revisión en Compranet arrojó el registro de 1,423 contratos para Dimesa filial de Pisa en 2017 y 665 en 2018 (gobierno de Peña Nieto), para luego caer a 371 en 2019, 27 en 2020 y solo 8 en lo que iba de 2021.
Claves desiertas y compras de emergencia
La crisis COVID redujo la producción de China, uno de los países con mayor producción y distribución de fármacos. También afectó a empresas como Laboratorios Kemex, de Argentina, que en 2020 concentró 67% de la demanda sectorial para medicamentos oncológicos en México. Ante ello, el gobierno tuvo que seguir buscando medicinas en otras naciones, como Bulgaria y Alemania.
López Obrador anunció recientemente que también comprarían medicamentos en Japón, sin precisar cuánto tiempo tardarían en tenerse, ni qué cantidades llegarían. Además se dio a conocer la compra de 54 millones de dólares en fármacos oncológicos a la empresa coreana Korea United Pharm, en junio de 2021.
“Sobre la marcha se están dando cuenta de los problemas y hay mucha improvisación”, dijo Sofía Charvel sobre este tipo de operaciones.
El problema, explica, es que sigue sin haber un plan consolidado y se privilegian las adjudicaciones directas, que pueden prestarse a corrupción y a que no se obtengan los mejores precios.
Según un análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, “al revisar los datos de todos los contratos relacionados con medicinas y productos farmacéuticos de 2021, es notable que 91.5% de ellos han sido entregados por adjudicación directa por un total de 12,579 millones de pesos (59.2% del total)”.
En la convocatoria pública de la UNOPS sobre las compras para el periodo 2021 aún hay una cantidad significativa de claves desiertas en cuanto a oncológicos. Es decir, no hay licitantes postulados para vender algunos medicamentos importantes, como la ciclofosfamida.
A pesar de estas dificultades en las compras, el día 1 de julio de 2021 el gobierno de México aseguró que en este año quedará consolidado el nuevo sistema de adquisición de medicamentos, y que el abasto está garantizado hasta el 2024, con una “proveeduría de medicamentos” que “hoy se compone de más de 100” empresas, pues en el pasado todo se concentraba en 10 participantes.
Repitió la misma promesa que hace desde 2019, sin explicar qué porcentaje de demanda cubrirían las 30 mil medicinas que presumió haber distribuido.
Contradicciones en el discurso
En varias ocasiones, autoridades federales han intentado minimizar o negar el problema del desabasto, o incluso afirmado que ya está resuelto, sin tener resultados reales o una solución a largo plazo. Un ejemplo son dos comunicados del INSABI, exactamente con el titular y publicados el 1 de julio de 2020 y el 1 de julio de 2021: “Está garantizado el abasto de medicamentos oncológicos”.
En 2019, cuando anunció una compra de medicinas en Francia, el presidente aseguró que no volvería a haber un desabasto. “No van a faltar los medicamentos”. En la conferencia del 21 de septiembre, incluso dijo que si eso ocurría el responsable sería el doctor Alejandro Calderón Alipi, coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos.
Ya en 2020, López Obrador volvió a tocar el tema, porque la situación aún no se había resuelto.
“Este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer, una empresa era la que abastecía (referencia del presidente a Pisa), una sola empresa era la que abastecía y por eso todo esto que está sucediendo lamentablemente. Pero vamos hacia adelante”, dijo el 23 de enero.
“No hay, en el caso de los niños de cáncer, y no va a haber nunca falta de medicamentos”, prometió de nuevo.
En ese mismo año, el 10 de diciembre, el titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar, negó que existiera un desabasto general, diciendo que “no hemos padecido de medicamentos”. Esto, aunque el informe de ese año del propio Instituto sí había mencionado el problema.
Un informe del colectivo Cero Desabasto detectó al respecto, con solicitudes de información, que aproximadamente 15.9 millones de recetas no fueron surtidas efectivamente en 2020 por el IMSS, la institución de Salud que atiende a más mexicanos. Esta cantidad, según el colectivo, se triplicó respecto a 2019.
En 2020, el subsecretario López Gatell reconoció en al menos una ocasión el problema con las medicinas, en medio de la pandemia, pero este año durante una entrevista con Chamuco TV indicó que el desabasto de oncológicos no había existido, y que esa “mentira” se debía supuestamente a la desinformación propagada por los partidos opositores.
Dijo que las protestas de los padres de los menores con cáncer eran parte de un complot “casi” golpista, liderado por la derecha internacional. En una entrevista posterior, reconoció que las preocupaciones y demandas de los padres de niños con cáncer eran legítimas. Una contradicción más en la postura del gobierno.
