En un movimiento que sacude los cimientos de la geopolítica regional, el Gobierno de Estados Unidos ha designado a seis cárteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas internacionales. Esta decisión, tomada por el Departamento de Estado bajo la administración de Donald Trump, abre la puerta a una nueva era en la lucha contra el crimen organizado.
Según el encargado de la política exterior estadounidense, Marco Rubio, estos grupos representan “un riesgo significativo a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, a la política exterior de Washington y a la economía de Estados Unidos”. La medida, que se remonta a la era post-11 de septiembre, otorga a las autoridades federales recursos adicionales para golpear las redes financieras que sostienen las operaciones de estos criminales.
Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de controversia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha advertido que esta acción podría provocar reacciones, incluyendo una posible expansión de la demanda contra los principales fabricantes de armas en Estados Unidos. Sheinbaum cree que las compañías podrían ser acusadas de “cómplices” de terrorismo, ya que son ellas quienes producen los arsenales utilizados por los narcotraficantes y pandilleros.
Más allá de las implicaciones diplomáticas, esta designación amplía el catálogo de respuestas a las organizaciones criminales, incluyendo el uso de la fuerza, tal como se ha visto en la lucha contra el extremismo islamista. Esto podría significar un endurecimiento de las acciones contra estos grupos, con consecuencias aún por determinar.
En resumen, la designación de los cárteles mexicanos y las pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas internacionales representa un giro trascendental en la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Con implicaciones tanto en el ámbito doméstico como en las relaciones internacionales, esta medida promete sacudir los cimientos del crimen organizado en la región.
