De su lado, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo opinó que en las acciones de inconstitucionalidad presentadas por al CNDH y senadores de la República, no se impugnó la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional.
“A mi juicio, la construcción que se realiza en el proyecto… no atiende a lo estrictamente reclamado en la acción de inconstitucionalidad”, expresó.
En el mismo sentido, el ministro Javier Laynez Potisek advirtió que no se puede inaplicar la Constitución.
“No puedo compartir el proyecto por la omisión misma que está cometiendo, no aparece un estudio donde se dice que la Corte sí puede hacer lo que se nos propone lo que hagamos… No es adecuado ni suficiente para decir: ¡Voy con el proyecto!”, argumentó.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena resaltó que la prisión preventiva oficiosa “es irreconciliable con los derechos humanos que la Constitución obliga a reconocer”. El juzgador coincidió con la conclusión del proyecto.
Tras felicitar a Aguilar Morales por su proyecto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández refirió que invalidar la prisión preventiva oficiosa no implica que las personas que están en prisión vayan a ser liberadas o que no se vaya a castigar a los delincuentes con la firmeza que establece la ley.
“La prisión preventiva como medida cautelar no se elimina, solo su imposición automática porque esta no garantiza en absoluto la presunción de inocencia… Se convierte en una pena anticipada y rompe su carácter excepcional”, externó.
Frente a los argumentos de que “la Corte no está facultada para ser lo que el proyecto nos propone, que está de por medio la supremacía constitucional y, que estaríamos haciendo tareas que no nos corresponde”, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar aclaró que el constitucionalismo se encuentra rebasado con la reforma de derechos humanos del 2011.
“Aquí (en la SCJN) no nos estamos arrogando la Constitución, estamos interpretando la Constitución… Ni alternando la división de poderes… Tampoco se trata de arrancar páginas de la Constitución”, anotó Lelo de Larrea.
Se trata, acotó, de interpretar para poder juzgar los preceptos constitucionales.
“A mí, me parece que la salida que hace el Ministro Luis María Aguilar, es la correcta”.
